“Habrá que buscar alternativas, si finalmente se denuncia el contrato y se disuelve”, afirmó Sánchez sobre Cardama
El secretario de Presidencia dijo que el Ejecutivo “está valorando” otras posibilidades y afirmó que “lo importante es que Uruguay necesita las OPV” .
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reiteró en conferencia de prensa la voluntad del Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de las dos patrulleras oceánicas (OPV, por su sigla en inglés) y defendió la decisión del gobierno de denunciar el contrato con la empresa española por “presunta estafa” al Estado uruguayo.
“El Poder Ejecutivo sigue con su convicción de que hay que ir por el camino de la transparencia, la cristalinidad y la defensa de los recursos públicos”, complementó.
Sobre ello, recordó que se realizó la denuncia penal por presunta estafa, porque fueron presentadas garantías a nombre de una empresa que “no era solvente y que no existía”. “Hay que ver qué resuelve la Justicia. Esto no quiere decir que Uruguay se va a quedar sin OPV, sino que habrá que buscar alternativas, si finalmente se denuncia el contrato y se disuelve”, explicó Sánchez.
“Habrá que buscar otras alternativas, que hoy el Ejecutivo está valorando. Lo importante es que Uruguay necesita las OPV y si las negociaciones con el contratista no prosperan, habrá que buscar un plan B para que haya otra construcción en otro astillero”, agregó.
A su vez, Sánchez fue consultado sobre qué ocurre con el avance de las construcciones del primer barco, que alcanza aproximadamente el 30 % del total, y contestó que lo construido hasta el momento “es propiedad del Estado uruguayo”. “La construcción continuará con este astillero o con otro”, aseveró.
Por otro lado, el secretario de Presidencia reveló que Cardama se ha intentado comunicar con el Ejecutivo, a los efectos de generar una instancia de diálogo. Sin embargo, Sánchez aclaró que, en el marco de la vía administrativa, “en caso de que se necesite”, el Ejecutivo está dispuesto a abrir espacios de mediación.
“Las patrulleras oceánicas son un objetivo reconocido por el sistema político y, por tanto, la tarea a la que está encomendado el Ejecutivo es a resolver los aspectos que tienen que ver con el contrato, pero también a garantizar la posibilidad de que Uruguay cuente con patrullas oceánicas”, declaró.
En cuanto a la garantía que fue denunciada como falsa, Sánchez afirmó que se trata de una “garantía de papel”, y remarcó que “el contrato está sin garantía”, lo que habla de “mala fe por parte del contratista”.