“Desprolijidades” y “marcada incertidumbre”: las alertas que recibió el gobierno anterior sobre el contrato con Cardama
El Banco de Seguros del Estado y el estudio jurídico Delpiazzo detectaron ciertas irregulariades en la garantía y en alguna de la documentación presentada por el estillero español.
Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) firmó, a finales de 2023, un contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV, por su sigla en inglés) por unos 82 millones de euros.
La semana pasada, el gobierno denunció penalmente a Cardama por presunto fraude al Estado uruguayo en la garantía de fiel cumplimiento a cargo de EuroCommerce Bank, institución que está en proceso de liquidación en Reino Unido.
Sin embargo, diversos documentos y comunicaciones internas durante el período anterior dan cuenta de advertencias y observaciones sobre la empresa gallega y las garantías presentadas.
Gestiones ante el Banco de Seguros del Estado
Antes de la firma del contrato, Cardama acudió al Banco de Seguros del Estado (BSE) para gestionar las garantías exigidas por el acuerdo con el MDN: una de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros y otra de reembolso o anticipo financiero por 8,2 millones.
El BSE solicitó documentación contable y societaria y, el 4 de diciembre de 2023, su Área Contable recomendó “no operar con la empresa excepto que constituya contra garantías a total satisfacción”, informó El Observador.
Los informes técnicos del BSE señalaron que la compañía no cumplía con las condiciones para otorgar el servicio y destacaron que su volumen anual de ventas representaba “el 11,4 % del monto adjudicado” por el MDN.
Además, un estudio de la consultora Dun & Bradstreet, que consignó el BSE, indicaba que Cardama presentaba “altas” probabilidades de quiebra y que le daba una calificación de riesgo “más negativa”.
El contador del BSE advirtió que “todo da cuenta de una marcada incertidumbre sobre el futuro de la empresa”.
Intentos fallidos y presentación de nuevas garantías
Tras no lograr la garantía con el BSE, Cardama recurrió a otras instituciones, entre ellas Soms.us, Euro Exim Bank, Abitab y EuroCommerce Bank. En febrero de 2024, la empresa propuso como reasegurador a Redbridge Insurance Company LTD, con sede en Barbados.
El Área Contable del BSE determinó que no podía aceptarse esa opción, ya que Redbridge no contaba con la calificación internacional exigida por el Banco Central del Uruguay (BCU), que requiere que las reaseguradoras posean una nota igual o superior a A-. Redbridge tenía una calificación B++ de fortaleza financiera y bbb como emisor a largo plazo.
El BSE resolvió que “no es aceptable por el Banco la opción formulada”. Posteriormente, Cardama informó al MDN que no había podido gestionar la garantía ante el BSE y presentó una serie de nuevos borradores, hasta que finalmente se aceptó la de Redbridge como garantía de anticipo financiero.
El 6 de marzo, el astillero envió los borradores de los avales de Redbridge al MDN. El BCU respondió que no disponía de información financiera sobre la compañía y recomendó contratar asesoramiento jurídico y un corredor de seguros; esto último no se concretó.
Revisión jurídica y advertencias del estudio Delpiazzo
El MDN contrató al estudio Delpiazzo Abogados, quien advirtió en varias oportunidades sobre “dificultades” y “desprolijidades” en el contrato entre Cardama y el Estado uruguayo.
El 28 de noviembre de 2024, el abogado José Miguel Delpiazzo escribió al entonces director de Recursos Financieros del MDN, Damián Galó, que “preocupa la desprolijidad con que se mueve este señor Mario Cardama, una y otra vez”, según informó La Diaria.
El comentario surgió luego de que Cardama enviara un acta notarial de la garantía de fiel cumplimiento de EuroCommerce Bank al director de Secretaría, Fabián Martínez, por más de 4 millones de euros.
El estudio jurídico observó que el documento presentaba inconsistencias, con páginas cortadas y una apostilla que no pudo validarse en línea. El 29 de noviembre, Mario Cardama llegó a Montevideo con la documentación apostillada y ese mismo día, tras recibir los documentos originales, Delpiazzo concluyó: “La apostilla está correcta. No la pude validar online, pero documentalmente no merece objeciones de nuestra parte”.
Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, anunció en rueda de prensa que se había llegado a la “etapa final” de la negociación con el astillero y que restaba realizar el pago de la primera cuota de 8 millones de euros. Según consta en la investigación interna del MDN consignada por La Diaria, el 9 de diciembre Castaingdebat instruyó a Martínez a proceder con el pago del “reembolso inicial” de 8.227.000 euros.