MEF investiga si los pagos a Cardama estuvieron "ajustados a la norma", confirmó Oddone
Las autoridades económicas buscarán verificar que lo que ocurrió a través del MEF “esté sujeto a la norma” y que se hicieron “todos los procedimientos adecuados”.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó ayer que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lleva adelante una investigación por procedimiento de pago, luego de la decisión de rescindir el contrato con el astillero Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas, tras detectar irregularidades en la garantía.
Sobre estas afirmaciones hechas en el programa Fácil Desviarse, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, confirmó en Nada que Perder que el MEF “está buscando comprender” qué fue lo que originó esos pagos y en qué medida la documentación y los procedimientos estuvieron “ceñidos a derecho”. “A partir de la conferencia de prensa de la semana pasada donde se anunció el proceder, corresponde que el MEF trate de entender si todo estuvo sujeto a derecho”, aclaró.
En ese sentido, explicó que, ante una liberación de pagos, pero al detectar una “garantía de por medio que está controvertida”, las autoridades económicas buscarán verificar que lo procesado a través del MEF “esté sujeto a la norma” y que se hicieron “todos los procedimientos adecuados”.
“No tengo mayor preocupación, porque no tengo ninguna información que me permita asumir que la construcción de lo que se encargó no está teniendo lugar”, argumentó. Sobre este aspecto, destacó que la controversia es alrededor de la garantía que “no hace sustancia al tema de construcción” y que el MEF, de momento, se encuentran investigando.
Lo que está sobre la mesa, según insistió Oddone, es una controversia en relación con la documentación. “Eso puede tener una derivación en la cancelación de la compra o de un inicio de una controversia entre las partes, pero eso no ocurrió. Mientras eso no ocurra, mi preocupación está en comprender qué pasó en el MEF y ver si ocurrió algo al respecto”, complementó.
Oddone fue consultado sobre los señalamientos hechos desde filas de la oposición, según los cuales el anuncio del gobierno podría significar romper con una tradición jurídica del país. Acerca de esto, el ministro remarcó que se trata de una controversia de una parte del contrato, que es la configuración de una garantía. “Si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiendo que el contrato continúa. Hay que entender por qué ocurrió esa garantía que no tiene sustancia y de qué manera ocurrió”, afirmó.
Por último, hizo hincapié en que “los contratos en Uruguay se respetan” y que las rescisiones de contratos “son normales”, pero tienen que estar fundadas y velar por los intereses de las partes. “Puede haber una decisión soberana y legítima, pero tiene que estar fundado para dar lugar a que el derecho de las partes se cumplan”, concluyó.