Descentralización de la Defensoría Pública “es una mejora para el acceso a la Justicia”, aseguró defensora
“Desde el punto de vista teórico, nadie -ni siquiera la Suprema Corte de Justicia- puede discutir la necesidad de esta separación, esta independencia”, sostuvo la defensora Lucía Long.
La secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), Lucía Long, afirmó en Info24 que el proyecto de ley que busca otorgar autonomía a la Defensoría Pública respecto del Poder Judicial representa un paso necesario para garantizar la independencia técnica del servicio. La iniciativa, aprobada recientemente por la Cámara de Senadores con 29 votos en 30, deberá ser tratada ahora en Diputados.
Long explicó que la Defensoría Pública es la herramienta a través de la cual el Estado brinda asistencia jurídica a aquellas personas que no pueden costear los honorarios de un abogado particular. Además, detalló que el servicio no se limita al ámbito penal, sino que también abarca materia de familia, laboral, civil, violencia basada en género y salud mental, entre otras.
La abogada señaló que el proyecto de autonomía no surgió de manera reciente, sino que “desde hace varias comisiones directivas” se viene trabajando en “dar visibilidad al rol del defensor público”. Según indicó, el objetivo es mejorar las condiciones de acceso a la justicia y la calidad del servicio.
Consultada sobre las observaciones de la Suprema Corte de Justicia, que advirtió la posibilidad de impugnar la norma por inconstitucionalidad, Long señaló que ese planteo “no fue mencionado durante las reuniones de comisión”, y que los senadores “trabajaron sobre la base de que no había objeciones de fondo”.
Asimismo, explicó que la principal preocupación del máximo órgano judicial refiere a la propiedad de los inmuebles utilizados por la Defensoría. Según precisó, “son cuatro los bienes de uso exclusivo del servicio: la Defensoría Criminal de Montevideo y tres casas en el interior”.
Para Long, el traspaso de la Defensoría fuera del ámbito del Poder Judicial es fundamental, ya que la función del Poder Judicial es “juzgar situaciones” y “ejecutar lo que se resuelve”, mientras que la defensa pública se encarga de garantizar derechos.
También destacó que la separación permitirá tener una dirección propia, discutir el presupuesto y aplicar políticas públicas de acceso a la Justicia. “Creo que desde el punto de vista teórico, nadie -ni siquiera la Suprema Corte de Justicia- puede discutir la necesidad de esta separación, esta independencia. Y además nosotros creemos que esto es una forma de fortalecer el servicio”, expresó la abogada.
La secretaria general de Adepu valoró el apoyo expresado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien celebró públicamente la descentralización. Según Long, ese respaldo “es una señal importante” y ayuda a que la ciudadanía comprenda que la reforma no busca beneficiar a un colectivo, sino mejorar el acceso a la Justicia.
“Esto se hace bajo el convencimiento que es una mejora para el acceso a la justicia y una implementación de políticas públicas de acceso a la justicia, que esperamos que después se plasmen en la realidad, porque esto tiene que venir en compañía del presupuesto”, manifestó.