Comisión de Diputados comenzó análisis del proyecto de ley contra lavado de activos
El objetivo del oficialismo es que la nueva ley quede aprobada antes de fin de año.
Este miércoles comenzó en Diputados el tratamiento del proyecto de Ley de Prevención Integral del Lavado de Activos que fue aprobado este mes en la Cámara Alta y busca actualizar el marco normativo vigente para reforzar los mecanismos de prevención y control frente a este delito. El objetivo del oficialismo es que la nueva ley quede aprobada antes de fin de año.
En principio existen niveles de acuerdo y de consenso para la aprobación en general del proyecto, no así en aspectos particulares como los cambios institucionales propuestos, especialmente la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que genera opiniones encontradas entre legisladores del oficialismo y la oposición.
En rueda de prensa, el diputado nacionalista Pablo Abdala señaló que solicitaron la comparecencia del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, en la comisión de lavado de activos, que según informó La Diaria se concretará el próximo 6 de noviembre junto a los integrantes de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que Díaz preside.
“"Yo más bien soy reticente, creo que si hoy hay una fiscalía especializada en un tema tan delicado como este, si no estamos del todo conformes con los resultados que se han venido dando, es muy difícil dejar sin efecto la fiscalía y volver atrás sin establecer una sustitución o una respuesta institucional alternativa", expresó Abdala a la prensa.
El legislador hizo hincapié en que el proyecto de ley aprobado en el Senado “no consagra una alternativa” y prefiere darle “otra oportunidad” a la Fiscalía vigente, dotándola de más recursos y medios para avanzar de mejor manera en un asunto que “no depende solo de ella”, sino del buen funcionamiento del sistema de controles en su conjunto.
Por su parte, el senador Eduardo Brenta defendió en rueda de prensa la eliminación de la fiscalía especializada y el fortalecimiento de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft). “Lo que se entiende en el Poder Ejecutivo y se compartió en la bancada del gobierno es que las fiscalías pueden abordar este tema. No hay necesidad de tener una fiscalía especializada en esto porque básicamente el rol de proveer la información lo tiene la Senaclaft”, afirmó Brenta.
Brenta explicó además que “llegaron muy pocos casos” a esa fiscalía especializada y por lo tanto “no tiene sentido mantenerla”. “Lo clave es el control de la ruta del dinero y el desarrollo de un conjunto de políticas adicionales que combatan el narcotráfico”, apuntó.
El proyecto aprobado en el Senado a comienzos de este mes introduce varios cambios, entre ellos un fortalecimiento del control fronterizo, mayor exigencia en la debida diligencia, y la obligación de justificar el origen de fondos que ingresan al sistema financiero.
El texto brinda mayores potestades a la Senaclaft, baja el monto máximo que se permite para realizar transacciones en efectivo a 270.000 unidades indexadas (40.000 dólares), elimina la Fiscalía especializada en Lavado de Activos e incluye nuevos delitos precedentes del lavado de activos.