Violencia comunitaria y desigualdad territorial afectan a las infancias en Uruguay, advierten desde PIAs
Para Ferando Olivera, es necesario declarar la emergencia nacional por la situación de las infancias en el país y añadió que esto implicaría “destinar recursos humanos y económicos para atender un montón de situaciones que están atravesando”.
El director de la asociación civil Cippus e integrante de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs), Fernando Olivera, describió la situación de niños y adolescentes en Uruguay como un escenario de “profunda preocupación”.
Según Olivera, los indicadores de pobreza, deserción educativa, violencia intrafamiliar y comunitaria muestran un panorama complejo que afecta a gran parte de las infancias del país.
En ese marco, desde PIAs se ha planteado la necesidad de declarar la emergencia nacional en materia de infancia, lo que permitiría destinar recursos humanos y económicos a la problemática. Olivera señaló, en diálogo con La Rosca, que “la declaración de emergencia podía destinar recursos tanto humanos como económicos para atender un montón de situaciones que están atravesando las infancias”.
El especialista advirtió que la violencia en Uruguay no se limita al ámbito intrafamiliar, sino que la violencia territorial y comunitaria queda casi exclusivamente en manos del Ministerio del Interior, sin protocolos claros de intervención.
“No tenemos protocolo de situación, por ejemplo, cuando aparece un niño o niña adolescente baleado. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué seguimiento se le hace?”, preguntó.
Olivera enfatizó que la violencia afecta de manera desigual según el territorio, con áreas de Montevideo donde los indicadores de homicidios superan ampliamente la media nacional. “El derecho a la vida en determinadas cuadras montevideanas vale mucho menos que en otros barrios”, afirmó, y subrayó la urgencia de políticas públicas que contemplen la distribución territorial de recursos y seguridad.
Además, destacó que estas problemáticas van más allá del microtráfico y están vinculadas a la violencia institucional y la falta de acceso a servicios públicos en barrios vulnerables.
En cuanto a la regulación de armas y municiones, Olivera describió la situación como crítica e indicó que la legislación vigente permite tener hasta ocho armas por persona. “Nunca se reglamentó el tema de las municiones. Entonces, aparecen 100 tiros, nadie sabe quién los vendió, quién los compró”, ejemplificó. Esta falta de regulación impacta directamente en la violencia que afecta a los menores, especialmente en contextos de territorialidad conflictiva.
En relación con las políticas de infancia, Olivera señaló carencias en institucionalidad y ejecución de programas públicos, con deficiencias en formación y normativas. Sobre el trabajo infantil, Olivera aseguró que Uruguay tiene “una gran deuda, una enorme, de la cual ha hecho muy poco” por abordarlo.