Vallcorba: sin duda Uruguay está en condiciones de implementar una renta básica de emergencia

Entrevistado en InterCambio el ex coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, valoró como “absolutamente insuficientes” las medidas del gobierno para ayudar a “las mipymes” en esta crisis económica, fustigó “el retroceso” de la ´Ley de Urgencia´ en la prevención anti-lavado y criticó los cambios oficiales a la Inclusión Financiera por fomentar la informalidad empresarial y laboral.

Vallcorba evaluó que “en líneas generales esas medidas” de ayuda económica adoptadas por el gobierno poco después de confirmarse la presencia del nuevo Coronavirus en el país, “iban en la dirección correcta” junto a algunas otras destinadas a “atender la emergencia social (…) y por otro lado a minimizar el impacto” de la crisis económica que ya se cernía “sobre el aparato productivo y el empleo”. Pero también se veía que “eran absolutamente insuficientes” con relación a “la magnitud de la crisis”.

Entre aquel conjunto de medidas, “la más importante” refería al Sistema “de Garantías” (SIGA) de créditos para empresas, anunciándose entonces un total de “2.500 millones de dólares” a disponerse para dar respaldo crediticio a “las mipymes”, que son la mayoría de las empresas en el país y generan “una facturación anual del orden de 10.000 millones de dólares”.

“Esa era la medida que significaba un apoyo más importante (…) junto con el seguro de desempleo”, o sea “en el aspecto cuantitativo son las dos más importantes” generadas por el gobierno porque el resto de acciones “es muy tacaño”. Aun así, “en cuanto al SIGA se hicieron un montón de anuncios pero no tenemos información para saber, de lo que se anunció, qué se hizo” efectivamente, excepto saber que “en abril (…) otorgó 985 garantías” apenas, respaldando “créditos por un total de 16,6 millones de dólares”, información que “claramente demuestra que el aterrizaje en los hechos fue muy muy pobre”, evaluó el ex jerarca del MEF.

Una de las causas que pueden explicar tan pobre resultado es que quizá “las instituciones financieras no necesariamente (…) están dispuestas a asumir riesgo por una empresa” X que actualmente “no tiene ningún ingreso y no se sabe qué va a pasar con su futuro”, situación que “mantiene parte del riesgo en quien da el crédito porque la garantía es parcial”, razonó.

Al analizar esa evolución, surge la evidencia de que “la orientación más importante” de ayuda a las empresas en este momento, transita por “la asistencia directa” a través de “la ANDE” y de “la postergación de los vencimientos” de obligaciones con el Estado. Vallcorba recordó que ya “éramos bastante escépticos, cuando se anunciaron los 2.500 millones de dólares”, de que efectivamente “se pudiera concretar” tal volumen de respaldo porque “se sabía que era una herramienta bastante acotada” para dar “respuesta a las dificultades” multiplicadas por esta situación inédita.

Sobre los recursos dispuestos por el gobierno para ayudar a las unidades económicas en esta coyuntura, “hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que se basa en los anuncios que realizó cada uno de los gobiernos” latinoamericanos y en el que “claramente la situación de Uruguay luce muy mal en la comparación” regional en materia “de apoyo directo” a empresas afectadas por la crisis. Allí Uruguay está “muy por debajo del promedio de América Latina”, que generó “un gasto equivalente al 2,7 del Producto” mientras que “en el caso de Uruguay ese porcentaje es aproximadamente el 0,7”. “Solo superamos a Ecuador y Bahamas”, anotó.

De ahí que sea “necesario realizar un esfuerzo mucho mayor”, esto es disponer “una mayor cantidad de recursos” porque “si no actuamos a tiempo, problemas transitorios (…) se pueden convertir en permanentes” y con esto “los costos terminan siendo mucho mayores y las consecuencias terminan siendo mucho peores”, y además esto debe hacerse “con rapidez y con contundencia”, indicó el ex coordinador de Inclusión Financiera.

En la misma dirección, añadió, “sin duda Uruguay está en condiciones” de implementar una renta básica de emergencia para las personas sin ingresos ni cobertura alguna “porque ya tiene desarrollados los mecanismos que le permitirían dar esta respuesta”, y de hacerlo “de manera rápida”. “Estamos en condiciones” de implementarlo “tanto desde el punto de vista operativo” como “del gasto” efectivo, siempre que sea algo transitorio porque en forma permanente “no se podría sostener” por la realidad fiscal, acotó.

Luego, el entrevistado fustigó el debilitamiento de las políticas anti-lavado que plantea la Ley de Urgente Consideración (LUC), flanco señalado con alarma por varios ex jerarcas y por casi todos los profesionales del tema. “Agregaría que esa advertencia de que Uruguay ingresaría en las listas grises producto de la opacidad y la debilidad de los controles en materia de lavado, no solo” fue realizada por “personas identificadas con el Frente Amplio” sino por otras muy calificadas y de distinta filiación partidaria como “el doctor (Leonardo) Costa”, ex secretario de la Presidencia en el gobierno de Jorge Batlle. La LUC en esta materia supone “un retroceso muy grande de los instrumentos construidos por el país” para controlar el lavado de activos, que “los organismos” internacionales especializados “han reconocido” valorándolos como unos “avances muy significativos”.

De aprobarse la LUC con los artículos referidos a este asunto tal cual están redactados, “se puede utilizar el efectivo sin ninguna restricción hasta los 100.000 dólares” para cualquier depósito bancario o transacción comercial. “Es una cifra muy alta” y en este sentido “nadie en su sano juicio” va con 90.000 o 100.000 dólares “en una valija a pagar una transacción”, razonó.

Lo ejemplificó con un caso hipotético en el que “compro una estancia de 1.000.000 de dólares y lo hago en 10 pagos de 100.000 dólares” para blanquear dinero de origen desconocido. “Es un saludo a la bandera lo que está haciendo la LUC” y además “deroga las sanciones” vigentes, “no tiene ninguna penalidad, ninguna consecuencia” la omisión del registro de la certificación o comprobación del origen del dinero. Asimismo, con la normativa vigente “el escribano” debe “identificar los medios de pago” pero en la LUC “eso también se deroga”. En definitiva, “esto significa un retroceso muy grande” y en el plano mundial “significa un riesgo muy importante para Uruguay” porque podrá “recibir un deterioro muy grande en la valoración de los organismos internacionales”, incluyendo sanciones. “Hay una luz que ya no es amarilla sino que es roja”, alertó Vallcorba.

Por otro lado, en cuanto a cómo pagarle el salario al trabajador, “el proyecto de la LUC va más allá del propio acuerdo que la coalición multicolor” generó hacia “el balotaje”, ya que “darle la libertad al trabajador de elegir cómo quiere cobrar” su sueldo “fue el discurso” de campaña, pero “lo que plantean en la LUC no es eso” sino que “el trabajador tendrá que acordar con el empleador cómo va a cobrar” y además deberá hacerlo al inicio “de la relación laboral”. “Está clarísimo que significa darle al empleador la libertad de elegir cómo pagar”, indicó.

El economista agregó que la Ley de Inclusión Financiera “tampoco es que los obligara (a los trabajadores) a usar medios electrónicos” para percibir sus haberes, dado que “la propia Ley” establece “el derecho a retirar todo el dinero y sin ningún costo” de la cuenta personal. Además, “le permitía acceder de forma gratuita (al asalariado) a un conjunto de servicios financieros” que antes no disponía y “de la mano iban un montón de derechos y beneficios que el trabajador podía tener”. Por ejemplo, “pedir un adelanto del sueldo” al Banco República “que en los primeros 10 días del mes era con tasa 0”, así como acceder a “créditos” e instrumentos de “ahorro”. Todo ello “era acceder al sistema financiero formal, que históricamente les había dado la espalda a los sectores medio-bajos”.

Asimismo, la Ley vigente aumentó por varias vías “la penalización del empleador que mantiene a los trabajadores en negro” y esta normativa “mejoró las herramientas para combatirla” (a la informalidad), al punto de que “el empleador lo va a pensar dos veces” antes de incurrir en ello porque le sale mucho más caro al eliminarse “el poder cancelatorio” de la efectivización salarial en el caso de pagar sueldos en negro con dinero.

Vallcorba lamentó después la eliminación de la devolución al consumidor de los puntos de IVA que había instrumentado el gobierno frenteamplista. Evocó que “la primera rebaja del IVA se dio en 2007” pero “siempre quedó la duda de si esa rebaja” se había trasladado “al bolsillo” del comprador final o había quedado en la caja de los comercios. “Entonces la rebaja del IVA se implementó con medios electrónicos” y con esto “el descuento se hacía en ese momento” de la compra, registrándose en términos contables.

Además, explicó, “en otras épocas” de menor crecimiento económico como el quinquenio anterior, “la informalidad hubiera aumentado” mucho conforme a una tendencia mundial verificada muchas veces, pero en Uruguay no aumentó y todo indica que se debió a la inclusión financiera.