Organizaciones de trabajadoras sexuales se manifestaron este martes frente al anexo del Palacio Legislativo en Montevideo para expresar su firme oposición a un proyecto de modificación de la Ley 17.515, presentado por los diputados María Eugenia Roselló del Partido Colorado y Pedro Jisdonián del Partido Nacional. Según las manifestantes, la propuesta penaliza la prostitución y estatiza el proxenetismo bajo el pretexto de regular el trabajo sexual.
El artículo 28 del proyecto de ley ha sido particularmente controvertido entre las trabajadoras sexuales, quienes afirman que permitiría que los dueños de locales decidan los días y horarios en que se debe ejercer la actividad, formalizando así el control sobre las condiciones laborales de las trabajadoras.
Damián Logiurato, vocero e integrante del colectivo Otras, indicó que están "pidiendo que si se va a modificar la ley que afecta a todas las personas trabajadoras sexuales, se considere con urgencia y conciencia a todas las trabajadoras, especialmente a aquellas más vulnerables que están pasando por situaciones difíciles".
La preocupación principal radica en el derecho y la seguridad de las trabajadoras sexuales, argumentando que las disposiciones actuales del proyecto podrían exponerlas a mayores riesgos y restricciones laborales, sin abordar adecuadamente sus necesidades y realidades, según sus declaraciones consignadas por Telemundo.
En contraste, el diputado Pedro Jisdonián defendió el proyecto, señalando que busca proteger a una población vulnerable y avanzar en aspectos fundamentales para su protección. Insistió en que no hay conflicto de intereses y que las propuestas legislativas están diseñadas para ofrecer soluciones efectivas a las problemáticas que enfrentan las trabajadoras sexuales en Uruguay.
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