Por Agustín Canzani *
Hace cincuenta años, Richard Nixon renunciaba a la Presidencia de los Estados Unidos porque una investigación periodística demostraba que había encubierto una operación de espionaje contra rivales políticos. El caso, que comenzó con el seguimiento a un par de ladrones que se habían introducido en la sede del Partido Demócrata, fue complejizándose paulatinamente hasta dejar al desnudo la realización sistemática de actividades ilegales de espionaje contra ese partido. Las actividades estaban en conocimiento del presidente y se habían realizado utilizando agencias estatales.
Cuando la investigación progresó, surgieron testimonios que indicaban que Nixon tenía en su poder grabaciones de todas sus conversaciones. El juez las solicitó, Nixon se negó a entregarlas y sólo lo hizo después que un fallo de la Suprema Corte lo obligara a hacerlo. Las conversaciones dejaban claro que el presidente había tratado de encubrir el caso. El famoso escándalo del “Watergate” dio por tierra con Nixon y casi 50 cargos de su gobierno, y quedó plasmado en un libro (“Todos los hombres del presidente”) que luego escenificaron en el cine Dustin Hoffman y Robert Redford.
En 2022 el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue detenido bajo acusaciones de falsificación de documentos y tráfico de influencias. Astesiano realizaba múltiples tareas, incluyendo la gestión de seguimientos a senadores del Frente Amplio.
No resultó el único caso complejo. Tiempo después trascendió que el gobierno había entregado con bastante celeridad un pasaporte a Sebastián Marset, un narcotraficante “pesado y peligroso” que estaba preso en Dubai por entrar con pasaporte falso. El gobierno justificó la entrega, pero al comparecer en el Parlamento ocultó información y/o mintió al Parlamento. Luego, se supo que la trama incluyó una reunión en Presidencia donde se dice que hubo instrucciones para destruir un documento público en la que estuvo el presidente, pero el afirmó que sólo “pasó a saludar”. Dos ministros y dos subsecretarios renunciaron.
Hace pocos días, los registros judiciales también dejaron saber que el Presidente del Partido Nacional se había jactado ante el senador Penadés (acusado de abuso sexual a menores) de haber incidido en la asignación de su caso a una fiscal supuestamente “amiga”, y el principal asesor en comunicación del Presidente Lacalle aconsejaba a Penadés sobre la forma de manejarse frente a las acusaciones. El senador, se supo antes, había involucrado a un policía de alto cargo en una investigación paralela para descalificar a sus denunciantes.
Hasta ayer, el presidente había logrado desentenderse de la mayoría de esos cuestionamientos. Aunque muchos podían pensar que las balas “pasaban cerca”, ni esos escándalos parecieron afectarlo en su popularidad, ni era posible afirmar que el presidente había tenido participación directa en ellos. Eran los hombres del presidente, pero no él.
Las explicaciones oficiales siempre giraron en torno al mismo argumento: Lacalle había sido víctima, había sido sorprendido en su buena fe: un funcionario que había traicionado su confianza; una información que no había llegado en tiempo y forma; un amigo al que de verdad no conocía genuinamente; un presidente de su partido que se había cortado por su cuenta.
Sin embargo, la revelación que se conoció hoy parece ser un caso totalmente diferente. Astesiano habría ordenado a la policía la realización de un seguimiento al Presidente del PIT-CNT e intentado vincularlo con el consumo de drogas. Y Lacalle Pou estaría al tanto.
Cualquier funcionario que use recursos institucionales para satisfacer intereses personales es repudiable y debe ser penado. Un presidente en conocimiento de que eso está siendo hecho es algo aún peor: es la máxima jerarquía de la República que está en conocimiento de una conducta irregular y no la reprueba ni la detiene.
Una de las garantías básicas de una democracia respecto a los regímenes autoritarios, es que los ciudadanos puedan vivir tranquilos sin tener que preocuparse que las autoridades controlen sus movimientos.
Hay quienes pueden estar pensando en el impacto político que una constatación de este tipo pueda tener en la figura de Lacalle. También, en su efecto electoral. Nadie podría juzgarlos por eso. Pero quizás convenga levantar la mirada y tratar de ver un poco más allá. Si se confirman estos hechos, la gravedad es tal que permitiría hablar de una afectación institucional. Y eso sería, definitivamente, la peor noticia para la democracia y, por supuesto, para todos nosotros.
* Agustín Canzani es sociólogo y analista político. Actualmente es director de la Fundación Líber Seregni.
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