Situación actual del INAU requiere una "necesaria" reforma del sistema
“El presupuesto incremental del INAU está en el entorno de los 900 millones de pesos y hay 550 millones que tendríamos que destinar a acciones que el INAU ya estaba realizando", dijo el vicepresidente del instituto.
El documento “Panorama de las infancias y adolescencias en clave regional”, de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) evidenció rupturas y el surgimiento de "nuevos desafíos" que afectan la vida de los niños incluidos en el sistema del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
En su informe para Nada que Perder, la periodista Alejandra Couto dialogó con la directora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Jimena Fernández, organismo del Inddhh encargado de realizar el informe, quien destacó que el estudio publicado refleja la realidad de jóvenes que ingresan al sistema de protección del INAU “ya con sus derechos vulnerados”. “Sus derechos fueron vulnerados a tal punto que un juez decidió que debían estar bajo el amparo del Estado”, explicó.
Fernández destacó que el informe se elaboró tras un monitoreo realizado entre 2023 y 2025, luego de visitar unos 79 centros en todo el país, con un 80% de cobertura del sistema. Los principales hallazgos, según Fernández, residen en los altos niveles de institucionalización en el país, que tuvo un aumento del 67% en 15 años, una de las tasas “más altas” de la región.
“Las permanencias prolongadas fueron otro hallazgo, que, en promedio, es de siete años dentro del sistema. En la vida de un niño o un adolescente es mucho tiempo, lo que afecta el desarrollo psicológico”, explicó Fernández.
A su vez, la sobrecarga de los centros es uno de los datos que arrojó el estudio, ya que el 40% dice haber atendido más niños de los que puede recibir, además del tránsito institucional que “no prioriza los intereses de los niños y adolescentes”.
“Hay asuntos graves, la salud mental mal atendida y la falta de dispositivos para atender este problema o las salidas no acordadas, que es cuando un adolescente está ausente de manera no consentida; el 34% de los centros dice haber tenido un menor con salida no acordada mayor a un mes”, detalló Fernández.
En ese sentido, agregó que existe la necesidad de reformar el sistema completo más allá del INAU, implicando a las instituciones que participan del proceso, como el Ministerio de Salud Pública o la Fiscalía. “Con el informe, lo que buscamos es incidir en las decisiones del Estado y en la sociedad, para que se comprenda la necesaria reforma del sistema”, complementó.
El informe establece que lo estructural “sigue sin resolverse” y marca que, mientras no se priorice la salud mental, el acompañamiento y la escucha, “los parches no van a alcanzar”. A su vez, en el 56% de los centros hay jóvenes que esperan ser trasladados a otro centro especializado, con espera promedio de nueve meses, se relevaron intentos de autoeliminación en 52 centros y 90 niños o adolescentes, en centros del INAU, han sido explotados sexualmente.
El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, dijo a Couto que hay cuestiones específicas que ya comenzaron a implementar en esta administración, como el ingreso de personal para Montevideo, en la búsqueda de incrementar el cupo de educadores. “Ya hubo 50 ingresos y se prevé que ingresen más en el corto plazo”, agregó.
Asimismo, Fuentes contó que están llevando a cabo “pequeñas obras”, de acuerdo con la capacidad presupuestal con la que cuentan para 2025, específicamente en aspectos edilicios que no requerían “grandes presupuestos”.
Por otro lado, hizo énfasis en poner el foco en volcar recursos en el acogimiento familiar y erradicar la internación a temprana edad, cuando los niños necesitan una “familia sólida”.
“El presupuesto incremental del INAU está en el entorno de los 900 millones de pesos y hay 550 millones que tendríamos que destinar a acciones que el INAU ya estaba realizando y que no contaba con el respaldo para llevar adelante”, concluyó el vicepresidente.
Por su parte, la coordinadora de la Plataforma Infancias y Adolescencias, Paula Baleato, dijo a Couto que las problemáticas evidenciadas por el informe presentado son situaciones de “carácter estructural”, que vienen de “larga data”. “Desarmar esto va a llevar un largo tiempo, no son situaciones que se hayan generado en los últimos 15 años, sino que responden a un problema de estructuración del sistema, de carácter tutelar”, explicó.