Los cuatro ejes temáticos prioritarios son la protección a la infancia, el sistema de cuidados, la protección a las personas activas, y el régimen de jubilaciones y pensiones.
Este martes se desarrolló el primer encuentro del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social (CSPSS), que da inicio al proceso de implementación del Diálogo Social convocado por el gobierno para fortalecer el sistema de protección social en Uruguay.
Durante esta jornada, en la que participaron autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Desarrollo Social (MIDES), Economía y Finanzas (MEF), Salud Pública (MSP) y del Banco de Previsión Social (BPS), se presentó la hoja de ruta del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, que establece el marco para un proceso de discusión entre gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales.
“El Diálogo Social se concibe como un ámbito para alcanzar los acuerdos más amplios posibles entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y los actores sociales más representativos”, indica el documento y sus cuatro ejes temáticos prioritarios son la protección a la infancia, el sistema de cuidados, la protección a las personas activas, y el régimen de jubilaciones y pensiones.
La hoja de ruta establece como objetivo consensuado “erradicar la pobreza infantil” y señala que se debe contemplar “la cobertura, suficiencia y financiamiento de las transferencias monetarias, pero también la necesidad de potenciar el desarrollo de las nuevas generaciones como una apuesta país de carácter estratégico”.
En relación con el sistema de cuidados, el texto sostiene que “su consolidación requiere abordar de manera prioritaria los desafíos pendientes en términos de universalidad, promoción de la corresponsabilidad social y financiamiento”. Además, indica que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) tiene el potencial de fomentar la igualdad de género y mejorar la inserción laboral de las mujeres, “generando empleo formal en el sector de cuidados y facilitando la conciliación entre la vida laboral y familiar”.
Sobre la protección de las personas activas durante su vida laboral, el documento señala que “más allá de la pertinencia de mantener e incluso aumentar la inversión proveniente de rentas generales —identificando y revisando algunas posibles fuentes de inequidad—, es deseable que el Diálogo Social aborde alternativas innovadoras”, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y ampliar la equidad en el acceso.
El régimen de jubilaciones y pensiones también será parte del debate y, según el documento, “es necesario abordar el esquema de financiamiento, poniendo foco en las inequidades vigentes”. En el mismo sentido, se destaca que el Diálogo Social debe servir para definir cómo “garantizar una vejez digna, equitativa y protegida para toda la población, reconociendo las transformaciones demográficas y familiares, las desigualdades acumuladas en las trayectorias laborales y los desafíos que enfrentan sectores históricamente excluidos del acceso a derechos”.
El lanzamiento oficial del Diálogo está previsto para julio de 2025 y, a partir de ese momento, habrá encuentros en las 18 capitales departamentales del interior del país, con seminarios, conversatorios y audiencias. También se habilitarán canales digitales para el envío de propuestas ciudadanas.
El documento final, que será el resultado del diálogo y se espera sirva como guía para el diseño e implementación de políticas públicas y reformas legislativas, deberá ser entregado al Poder Ejecutivo antes del 30 de abril de 2026.
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