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Maldonado inmobiliario

Punta Ballena: intendente Antía no firmó la papeleta pero está de acuerdo en declarar la zona como área natural protegida

Enrique Antía en acto del grupo Espacio País en el Club Atenas en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS / Archivo.

La Corte Electoral validó la convocatoria popular para que la zona de Punta Ballena sea declarada área natural protegida. Consultado por la prensa, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, está de acuerdo con el planteo.

Más de 34.000 firmas de residentes de Maldonado fueron entregadas a la Corte Electoral para que Punta Ballena sea declarada área protegida. La convocatoria a consulta popular fue certificada por la Corte Electoral, pues alcanzó el mínimo de 15% del Padrón Electoral en ese departamento.

“No firmé porque siempre supe que esa es un área que teníamos que proteger y le transmití al ministro la opinión de Maldonado”, dijo Antía. Se refiere al ministro de Ambiente, Robert Bouvier.

“No solo la mía -añadió el jerarca-, sino del equipo técnico nuestro: esa zona es imposible de tocarla porque sería perder un patrimonio de todos los uruguayos, no solo de Maldonado”.

“Por lo pronto, no es un tema que la intendencia deba encararlo, pero está de acuerdo con que no se construya nada. Si mañana hay que hacer alguna cosa, que la arreglen con el gobierno nacional”, añadió.

El origen

El problema surge con el posible desarrollo de un proyecto inmobiliario con 320 apartamentos ubicados en 29 edificios, inversión que requeriría 100 millones de dólares para su construcción.

Este emprendimiento era una iniciativa de los herederos de Antonio Lussich, empresario que a finales del siglo XIX compró varios lotes en Punta Ballena.

Los herederos iniciaron juicios ante la Intendencia por 20 hectáreas en Punta Ballena, según indica un artículo de El Observador, debido a que las autoridades locales instalaron el camino sin autorización de la familia.

El litigio llegó a la Suprema Corte, organismo que defendió los derechos de los Lussich pero solamente en 11 hectáreas de las 20 que estaban en el litigio.

La Intendencia pidió que sea de uso libre la ruta panorámica y los miradores y, a cambio, la familia podría lotear y construir. Sin embargo, la idea motivó la movilización de las fuerzas vivas de Maldonado y las idas y vueltas entre herederos inversores y la intendencia dilató el proyecto.

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