Proyecto Neptuno: OSE pagará por usar la planta y luego de 20 años compraría su infraestructura, un mal negocio para el país, dijo Ortuño

“Vamos a terminar pagando 700 millones en vez de 200”, luego de 20 años de usar la planta potabilizadora, sostuvo el director del FA en la empresa estatal, Edgardo Ortuño.  

Este martes 15, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la construcción de una planta desalinizadora que tomará agua del Río de la Plata, sobre Arazatí, departamento de San José con una inversión de 200 millones de dólares.

La planta costará 743 millones de dólares en 20 años y, además, será gestionada por privados, lo cual es 300 millones de dólares más costoso que si estuviera en manos públicas, afirmaron este miércoles 16 los dirigentes del Frente Amplio (FA) en conferencia de prensa. Añadieron que las gerencias técnicas no se pronunciaron sobre el proyecto.

Por otra parte, este proyecto soluciona únicamente 10 años de abastecimiento y deja a la planta de Aguas Corrientes prácticamente en las mismas condiciones, siendo la que aporta el 80% de la producción de agua potable del área metropolitana.

El director de OSE en representación del FA, Edgardo Ortuño, habló con Nada Que Perder de M24 sobre el tema. Al respecto, dijo que el proyecto Neptuno carece de sustento técnico y social, en tanto que el gobierno no previó instancias de diálogo, lo que mandata la Constitución.

En este sentido, recordó que durante el gobierno del FA se hicieron inversiones en UTE para cambiar la matriz energética y desde el Poder Ejecutivo se convocó a la oposición a una mesa de diálogo, se concretó un acuerdo que fue firmado por el actual secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

"Esa es una forma de gobernar. La otra es esta, que me den con menos 24 horas de antelación todo este estudio de factibilidad técnica que cambia el proyecto, que me den otro informe de la CND con la propuesta económica que supone un costo enorme para el Estado (...) el próximo gobierno y los que vengan van a pagar 40 millones de dólares por año y al final del período pagaremos 300 millones de dólares más por la gestión privada", detalló el jerarca frenteamplista.

Asimismo, indicó que con esta política del gobierno de Luis Lacalle Pou "será la primera que OSE potabilice una planta privada y otra perla que se incorpora en el informe es que tendrá que negociar al final de los 20 años del contrato el precio para poder ser el dueño de esta infraestructura, ya que el informe recomienda establecer un precio para que la planta potabilizadora pase a manos del Estado; un muy mal negocio para el país".

Sobre este estudio de factibilidad, aprobado de forma rápida por el directorio de OSE con los votos del oficialismo, Ortuño relató que la ley de iniciativa privada establece que los privados pueden presentar proyectos y si se aceptan, ellos tienen que hacer el estudio y el Estado lo aprueba o no.

Este informe fue aprobado en abril, pero el director del FA votó en contra ya que "los servicios técnicos de OSE no llegaron a informar porque era un proceso de intercambio donde los avances que se presentaban tenían las correcciones y los comentarios de nuestros técnicos".

"En determinado momento decidió cortar ese proceso de análisis y llevar a aprobación de directorio el proyecto sin el pronunciamiento de la gerencia. En aquel momento teníamos tres tomos de estudio de factibilidad y un proyecto que tenía determinada capacidad de producción, 229 mil metros cúbicos por día de agua, un proyecto modesto, Aguas Corrientes tiene una capacidad máxima de 700 mil (...) luego de eso el gobierno se descuelga con un cuarto tomo de estudio de factibilidad, convoca a los técnicos y estos informan sobre esta propuesta, dicen que la reserva de agua dulce tiene que estar pronta al momento de iniciar la planta porque sino con la sal de este año no va a poder funcionar, hubiera estado parada los tres meses de verano. La sorpresa es que ahora apareció un volumen cinco del estudio, que achica la planta, un Neptuno con recortes; producirá 165 mil metros cúbicos", explicó Ortuño.

Además, insistió que, si en el verano de 2022 el país tuvo 86 días de salinidad, en la cual la planta de Arazatí no hubiera podido producir una gota de agua, la reserva de agua dulce diseñada cubría la mitad. "Con este recorte del gobierno cubre tan solo 25 días. Podemos hacer una inversión millonaria y si se repite los niveles de salinidad la planta va a estar parada 60 días", agregó.

Por otra parte, puntualizó que el gobierno separa la operación del mantenimiento de la planta lo que a su entender es "inusual". "El presidente hace esto para salvaguardar el debate político de la constitucionalidad. Los informes jurídicos que tenemos sostienen que el servicio de abastecimiento de agua potable es un proceso único e integral, no se puede fraccionar. El Estado debe controlarlo todo, no solo para garantizar el servicio sino en los mejores niveles de calidad y de mejor precio, para hacerlo accesible y universal", subrayó.

Y prosiguió: "El mantenimiento se lo dan al privado; la propiedad de la planta y de la infraestructura que se construye se lo dan al privado y esta razón es la que exige que OSE le pague por usar la planta. Esos 40 millones de dólares por año. Porque el gobierno, obsesionado por las cuentas fiscales, prefiere que el Estado uruguayo pague 300 millones de dólares más caro, pero que el financiamiento lo haga el privado".

Consultado sobre el anuncio realizado por Lacalle a través de una conferencia de prensa, Ortuño opinó que da la sensación que al mandatario "le faltaba información no solo del proyecto sino sobre la gestión de OSE".

También contó que en marzo le envió una nota al presidente de la República en la que pedía ser escuchado antes de que se tomara la decisión y que, al margen de las diferencias, solicitaba “no cometer un error de direcciones históricas y no colocar al país de nuevo en una confrontación cuando se privatizó el agua en Maldonado que llevó a las organizaciones sociales a promover una consulta popular y el 60% de la población dijo que el agua tiene que ser pública”.

OSE va a pagar por usar la planta, pero la infraestructura durante la vigencia del contrato será privada (en 20 años), aunque en el último informe de factibilidad se sugiere la opción de compra de la infraestructura por al menos el 75% de su valor residual una vez que finalice el período de arrendamiento.

El monto de este pago que haría el Estado luego de utilizar por 20 años será "con creces lo que se gastó en esta infraestructura (al privado). La vamos a terminar pagando 700 millones en vez de 200”.