Presupuesto: defensores públicos adoptarán medidas gremiales que “van a tener que afectar el servicio”
Sin un mensaje “claro” del sistema político, Adepu adoptará “medidas escalonadas” en reclamo de más recursos y personal para mejorar el servicio, dijo Long.
La secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), Lucía Long, adelantó a Nada que perder, por M24, que si no hay “una señal del sistema político” a favor de sus reclamos por más recursos, el gremio “comenzará a adoptar medidas que, lamentablemente, van a tener que afectar el servicio”.
En la actualidad los 317 defensores que actúan en todo el país son insuficientes para atender todas las situaciones, en especial en las sedes del interior. En este contexto, Adepu reclama la creación de 147 cargos nuevos de defensores públicos, en el marco de una “desmejora sistemática” del servicio debido a un incremento de las funciones sin el acompañamiento de mayores recursos.
“Necesitamos que desde el sistema político se dé una señal y se refuerce el servicio”, aseguró, a la vez que agregó que hasta el momento no se observan cambios en el presupuesto, por lo cual la asamblea de este martes 30 analizará los próximos pasos.
Long reconoció en la entrevista que Adepu nunca había afectado el servicio por un reclamo, pero opinó que, en la actualidad, la defensoría “está sumamente afectada” por las carencias de recursos materiales y humanos. “¿Cuáles serán las medidas? Eso lo va a decidir la masa social, seguramente serán medidas escalonadas; muchos socios plantearon la necesidad de realizar paros parciales o totales”, puntualizó.
Entre otros puntos, Long subrayó que todas las audiencias donde hay niños, niñas o adolescentes “con sus derechos vulnerados” hay un defensor público. Además, declaró que hay atrasos de tres meses en los trámites “para que madres cobren la pensión alimenticia”, ejemplificó sobre un área por la cual “el gobierno ha dicho que va a poner foco en materia presupuestal”.
Otro reclamo es la equiparación salarial con los jueces letrados, según establece una ley de 1991. A esto, sumó la “partida de incompatibilidad absoluta” otorgada solamente a los jueces, así como la “partida específica de reestructuración salarial” de 2005 para todos los funcionarios judiciales que dejó fuera a los defensores.
“Ya iniciamos un proceso civil con la Suprema Corte de Justicia como demandado”, con 250 defensores que reclaman la partida para vivienda. “No se nos reconoce el valor en el sistema de justicia ni el valor de las personas que acceden a nuestro servicio, que es desde el punto de vista político lo más grave”, afirmó.
Rechazo al ataque contra la fiscal Ferrero
La secretaria general del gremio definió el atentado contra Ferrero como “muy grave” desde lo institucional y subrayó que “todo el sistema judicial es atacado casi que de forma permanente desde distintos lugares”. En este marco, recordó que los abogados defensores también son amenazados y atacados. “Somos parte de un sistema que debe ser protegido integralmente”, expresó.
“Históricamente, el sistema de Justicia ha sido olvidado por el sistema político, estas son señales -quizás- de consecuencias de años de olvido”, reflexionó Long.