Petit plantea un “pacto de Estado” con 40 medidas para transformar el sistema penitenciario
El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, señala que para mantener la continuidad de las reformas necesarias es imprescindible “un Pacto de Estado” que sostenga el proceso “al menos por 10 años” para tener resultados relevantes.
El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, envió hoy al Parlamento más de 40 propuestas dirigidas a transformar la situación de las cárceles. Estas medidas buscan atender “las situaciones más urgentes del sistema carcelario” y concretar la implementación de “un nuevo modelo penitenciario en el mediano plazo”.
En el documento, Petit señala que para mantener la continuidad de “las reformas necesarias” es imprescindible “un Pacto de Estado” que sostenga el proceso “al menos por 10 años” para tener resultados relevantes. Las necesidades más urgentes “en especial en el área metropolitana” son las reparaciones edilicias, el fortalecimiento de las actividades socioeducativas, la mejora en la alimentación, y en la organización del funcionamiento. Es indispensable “el refuerzo presupuestal” así como la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación “en un servicio descentralizado”, indica.
Para concretar estas medidas urgentes, el comisionado propone la creación de “un Grupo Ejecutivo ad hoc”, conformado por las reparticiones estatales involucradas y “la realización de un Plan Estratégico de reformas” para dar respuesta a las problemáticas. En el corto plazo, el informe plantea 23 medidas específicas con el fin de mejorar la atención en salud, de las adicciones, la alimentación, obras en puntos estratégicos y aumentar las actividades dentro del sistema, como las deportivas y educativas.
A mediano plazo propone “normalizar” el sistema penitenciario, en función de las “Reglas Mandela”, es decir, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, “para lograr una convivencia parecida a la de la comunidad exterior”.
El comisionado plantea 19 acciones concretas de reforma, que atraviesan diversos organismos. Por ejemplo, propone que ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) lleve a cabo la cobertura de toda la salud penitenciaria y pide establecer la prestación de servicios socioeducativos con fondos concursables de manera permanente a organismos y entidades de la sociedad civil, así como fortalecer y ampliar la red de medidas alternativas.
Asimismo, el documento propone crear una Fiscalía Penitenciaria y centros de integración social o unidades a “medio camino”, para personas que están por egresar del sistema o tienen delitos leves, pide además reformular el esquema de atención a las mujeres privadas de libertad, formalizar el trabajo de las personas presas y desplegar las posibilidades de apoyo post penitenciario.