El futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, calificó de "altamente inconveniente" la posible firma del contrato del proyecto Arazatí (Neptuno) a pocos días del cambio de gobierno, instando a un acuerdo nacional sobre la política hídrica.
En declaraciones al programa Nada Que Perder de M24, Ortuño expresó la preocupación del futuro gobierno por la falta de información concreta sobre los pasos a seguir con el proyecto, más allá de un anuncio de "cambios puntuales" realizado en una reunión reciente. Si bien reconoció la importancia del proyecto para el desarrollo sostenible del país, enfatizó la necesidad de un diálogo amplio y la construcción de acuerdos nacionales en temas clave como el agua.
"El tema del agua, el cuidado de un recurso fundamental y el aseguramiento del abastecimiento de la población de agua potable requiere políticas de Estado y, por tanto, grandes acuerdos nacionales fundados en el diálogo", afirmó Ortuño. En este sentido, consideró que tomar decisiones al final de un gobierno "limita las posibilidades de diálogo y limita las posibilidades de acción del nuevo gobierno".
Ortuño reiteró su postura y la del equipo que conformará el Ministerio de Ambiente, de considerar "altamente inconveniente" la firma del contrato en las actuales circunstancias. Argumentó que una decisión unilateral, a 30 días del cambio de mando, no contribuye a la mejor solución para el país.
El futuro ministro insistió en la necesidad de un Plan Nacional de Agua y un acuerdo nacional que involucre a especialistas de la academia y organizaciones sociales. Enfatizó que la prioridad para el país es la construcción de la represa de Casupá, "para mejorar y ampliar significativamente las reservas de agua dulce", basándose en estudios especializados y la experiencia de la última crisis hídrica.
Ortuño criticó la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de avanzar con la firma, calificándola como un "segundo error" en la gestión del tema. Recordó que, durante la anterior transición, se descartó la propuesta de Tabaré Vázquez de continuar con la construcción de la represa Casupá, argumentando la necesidad de una política de Estado. "El nuevo error ahora es de nuevo pecar de falta de visión de Estado y limitar esos acuerdos", sentenció.
Además, Ortuño cuestionó la priorización de la iniciativa privada en proyectos estratégicos, lo que, a su juicio, ha debilitado la acción del Estado y sus empresas públicas. En particular, se refirió al "costo realmente significativo e importante" del proyecto Arazatí para OSE, que implicará un esfuerzo de entre 50 y 57 millones de dólares de pago por disponibilidad de la infraestructura durante los próximos 18 años, en una empresa que ya presenta "fragilidad económica".
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