Lavalleja: informe revela uso político de trabajadores zafrales en gobiernos blancos
“La herramienta política electoral por excelencia para el PN fue usar los trabajadores zafrales con contratos a término cada 30 días para que en las elecciones ellos y sus familias se sientan en la obligación de votarlo”, explicó un edil.
El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, compareció ante la Junta Departamental para presentar un informe sobre la contratación de trabajadores zafrales en administraciones anteriores.
La columna Desde adentro, del periodista Diego Martini para Nada que perder ahondó en este tema. Según el documento, durante los gobiernos del Partido Nacional se registraron picos de ingresos de personal en períodos electorales, lo que generó cuestionamientos sobre el uso político de esas contrataciones.
Durante su exposición, Ximénez señaló que históricamente los contratos zafrales han sido utilizados en períodos preelectorales “para ingresar a la Intendencia, para conseguir votos, para ganar las elecciones”. El intendente agregó que, tras los comicios, las contrataciones aumentaron y calificó lo ocurrido como “irresponsabilidad política”, al señalar que “hay que hacerse cargo de las acciones de gobierno y eso el pueblo de Lavalleja lo sabe”.
La edila coordinadora de bancada del Frente Amplio, Paola Rojas, respaldó la presentación del jefe comunal y cuestionó el sistema de contrataciones aplicado por las gestiones anteriores. En tal sentido, dijo a Nada que perder que “hace muchos años que inventaron un sistema de zafrales, surgió como para tener de rehenes a cientos de personas y familias, donde se negó al pueblo la posibilidad de democratizar el ingreso”.
Rojas añadió que había zafrales “con más de 15 años contratados por 15 días, por un mes” y sostuvo que existieron presiones para votar a los gobiernos de turno. En relación con los datos del informe, la edila destacó que de allí se desprende que hubo “un crecimiento sostenido en enero de 2025 donde aumenta 129 personas y en agosto aumenta a 276, coincidiendo con el periodo electoral”.
Asimismo, añadió que el nuevo gobierno, que está en manos del Frente Amplio por primera vez en la historia, “tiene otra propuesta, tiene otra mirada frente al pueblo” y que se propone “que se realicen los concursos y los sorteos, que no se entre más por amiguismos a la Intendencia y que se termine con esta precarización”.
Rojas consideró positiva la disposición del intendente a responder ante el legislativo local. “Me parece que es una fuerte señal de trabajo en conjunto con el legislativo”, expresó, y valoró positivamente que Ximénez haya presentado “ese informe tan profesional y con datos tan contundentes”.
Desde el oficialismo departamental, el presidente de la Junta, Mauro Álvarez, coincidió con el diagnóstico del intendente sobre el uso político de los contratos zafrales. Sostuvo que “la herramienta política electoral por excelencia para el Partido Nacional fue justamente usar los trabajadores zafrales con contratos a término cada 30 días para después tenerlos y que las elecciones ellos y sus familias se sientan en la obligación de votarlo”.
Álvarez recordó que “en el año 2020, la exintendenta Adriana Peña dejó 1.194 zafrales”, todos por designación directa. El jerarca señaló que esa práctica “ha convertido a la Intendencia departamental en una agencia electoral durante años, décadas”.
También firmó que “circularon el empleo zafral para ganar votos sin lugar a dudas y eso lo hicieron durante 35 años”. A su entender, “se terminó la dictadura electoral en Lavalleja” y hoy “la gente es dueña de poder elegir” sin sentirse obligada a responder a ningún sector político.
Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gabriel Gutiérrez, cuestionó duramente la gestión de Ximénez por la no renovación de cinco contratos en Batlle y Ordóñez. Señaló que “el intendente faltó a la verdad, porque durante la campaña política prometió que si el Frente Amplio era gobierno, no iba a cesar a nadie, no iba a echar a nadie”.
Aseguró que la decisión de cesar funcionarios “dejará a varios sin un plato de comida en la localidad que tiene problemas socioeconómicos más importantes del departamento”. Gutiérrez manifestó que “hay persecución política, después de 40 años de democracia se volvió a la persecución política”.