Romero criticó la postergación del tratamiento del tema por parte del gobierno anterior, debido a otras prioridades. “Nos pusieron a nosotros siempre en el último lugar”, expresó.
La vicepresidenta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Virginia Romero, se refirió en Nada que perder al nuevo proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca reformar la institución, actualmente en crisis con un déficit mensual de 7.000.000 de dólares y fondos disponibles solo hasta junio.
Si bien Romero explicó que el proyecto del Poder Ejecutivo contempla en muchos aspectos ciertas situaciones que la Caja solicitó, también manifestó que “hay determinados componentes" de este proyecto que siempre entendieron "que no era lo más conveniente para la caja, como por ejemplo, la tasa de aportación”. En este sentido, consideró: “No es lo que a la caja le va a proporcionar mayores ingresos”.
Uno de los puntos más cuestionados por la vicepresidenta es el aumento de la tasa de aporte al 22,5 %. Según argumentó, esto puede incentivar a que los profesionales bajen de categoría para pagar menos o que, incluso, aquellos que aportan voluntariamente dejen de hacerlo. “Hoy día, si uno mira las categorías en las cuales están estacionados los profesionales, hay más del 70 % que está estacionado en las primeras tres o cuatro categorías”, explicó y agregó que aumentarles a ellos a 22,5 % va a provocar que bajen de categoría y aporten menos.
Romero advirtió que ya hubo señales de este fenómeno en el pasado: “Hace dos años aumentamos la tasa dos puntos y ahí ya vimos un pequeño retraimiento de la masa de aportantes y de las categorías de las que están aportando”. Frente a esto, solicitó que se presenten los cálculos actuariales que justifican el nuevo proyecto.
En comparación con el presentado por el gobierno anterior, la jerarca consideró que este proyecto de ley “es peor que el otro”, pero reconoció que “la situación de la caja también es peor”. También destacó que la actual propuesta “recarga más”, tanto a activos como a pasivos, aunque reconoció una diferencia importante: “Este tiene asistencia financiera desde el primer momento”.
Romero criticó la postergación del tratamiento del tema por parte del gobierno anterior, debido a otras prioridades. “Nos pusieron a nosotros siempre en el último lugar”, expresó. Según explicó, primero se atendió la situación de la Caja Bancaria, y luego se priorizó la aprobación de la ley de reforma de la seguridad social. Mientras tanto, la CJPPU continuó trabajando en sus números durante 2022 y parte de 2023, a la espera de una respuesta que, aseguró, “se demoró por otras urgencias”.
Respecto al deterioro financiero de la CJPPU, Romero explicó que responde a un cambio en el perfil de los afiliados y al contexto profesional actual: “Hoy día tenemos infinidad de profesiones en las cuales las remuneraciones son muy variables”, indicó y añadió que “hay una enorme mayoría de jóvenes que se reciben que optan por el trabajo en dependencia aportando al BPS”.
Romero rechazó que la crisis se deba a una mala gestión. “No hubo mala administración, porque los balances están. La administración está, los gastos de administración nunca han superado los topes admitidos por la reglamentación”, dijo.
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