“Hay elementos suficientes como para suponer la posible ocurrencia de lesión al medio ambiente”, apuntó la sentencia.
El juez Alejandro Recarey, a cargo del Juzgado Letrado Civil de 9º turno, falló a favor de los vecinos y organizaciones sociales de Punta del Diablo que reclamaron en contra de la instalación de adoquines en la calle principal de ese balneario rochense.
En la sentencia emitida este 31 de marzo, el juez ordenó “la detención completa e inmediata de las obras de adoquinado en la rambla de Punta del Diablo” hasta que no se tenga “la correspondiente autorización ambiental previa por parte del Ministerio de Ambiente”.
En materia ambiental, Recarey indicó que “hay elementos suficientes como para suponer la posible ocurrencia de lesión al medio ambiente” y citó un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), en el que se manifestó que las obras pueden “generar inundaciones y afectaciones a viviendas o comercios”.
También citó un informe de la Universidad de la República que “apunta la eventual ausencia de un adecuado manejo de pluviales” y señaló que “hay bases para dudar de la inocuidad de la pavimentación cuestionada”, por lo que consideró que resulta “mucho menos dañosa una espera, que habilitar la posibilidad de una obra que pueda estar mal hecha”.
A finales de 2024, vecinos y organizaciones sociales de Punta del Diablo presentaron una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y la INDDHH por la obra de adoquinado que la Intendencia de Rocha comenzó en la faja de defensa de la costa.
Estas obras no tuvieron una evaluación de impacto ambiental y, en su momento, los vecinos aseguraron que el empedrado de las calles afectaría a la Playa de los Pescadores, con efectos sobre la erosión costera y la agudización de los problemas de saneamiento.
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