José Olivera: la LUC es un proyecto regresivo en 100 años en materia educativa y establece un control político e ideológico del Ministerio

Entrevistado en InterCambio el dirigente de Fenapes José Olivera, subrayó el compromiso de los docentes con el alumnado en el complejo contexto de la pandemia, lo ejemplificó con algunas de las tareas menos conocidas que realizan a diario con estudiantes y familias, y desnudó el contenido antipopular, regresivo y represivo de la Ley de Urgente Consideración.

Olivera destacó el “trabajo extenso e intenso durante la jornada” que realizan los profesores de Secundaria a distancia con sus alumnos, si bien como concepción “partimos de la base de que el hecho educativo es un hecho presencial”. Pero en estas circunstancias se hace mediante la virtualidad tecnológica, incluyendo “orientarlo” al alumno para que estudie en su casa “y escuchar a su familia porque este es un momento muy complejo”, empezando por los marcos sociales y la convivencia. “Hay múltiples tareas y no todas quedan registradas en las plataformas”, anotó.

Resaltó en ese sentido que según datos preliminares de la administración pública, “casi 9 de cada 10 estudiantes han tenido un vínculo con los docentes desde el 13 de abril”. Destacó también “todo el trabajo de solidaridad” que desarrollan los equipos docentes y de apoyo, trabajo que “no es posible llevarlo a cabo sin el adscripto” y otros trabajadores que cumplen funciones muy importantes y que no son de docencia directa.

En el plano institucional, el dirigente lamentó el hecho ya prolongado en el tiempo de que “el Codicen de la ANEP se está formando de a pedacitos”, sin que el gobierno haya completado la integración de la administración. Esto extiende “una situación bastante compleja”, con algunas “autoridades que se están yendo y otras que están llegando” pero no terminan de hacerlo. “Ahí tenemos que lidiar” con un “vacío” básico de “criterios” definidos.

En cuanto a la salida de la emergencia y una eventual normalización relativa de las clases, Olivera dijo que “el año escolar no tiene por qué coincidir con el año calendario” al estar el país “en una situación especial”. Fustigó después al gobierno porque “no informa” a la población qué cosas acuerda con los docentes y en qué marco de negociación colectiva lo hacen.

Denunció la “fuerte presión” que se está ejerciendo desde “el sector lucrativo privado” de la Educación “sobre los gobiernos” para que estos aceleren “el retorno a la presencialidad” de la relación educativa, asunto en el que interviene “el cobro de la cuota” como factor de interés empresarial y además se empuja a ello “sin tener recaudos en el elemento sanitario”.

Más adelante habló de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y desmintió al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, porque “el 90% de lo que está contenido hoy en la LUC no estaba” sobre la mesa antes de su redacción. Decir otra cosa “no es cierto” y así “no está diciendo la verdad el ministro”, amén de que con la LUC “estamos ante un planteo de los más antidemocráticos de los últimos 30 años” en cuanto a elaboración de leyes.

El entrevistado caracterizó que “este es un Proyecto de Ley que organiza la expropiación de riqueza por una parte de la sociedad”; que en sintonía con esto “es privatizador” y lo es “hasta de la propia política pública”, como puede leerse en los artículos sobre reforma de “la Seguridad Social”; y que además es “un proyecto de contenido represor y autoritario”, en cuyo texto “aparece como delito el piquete” y así “se está criminalizando la protesta”.

Denunció asimismo que la relación de roles entre el Ministerio (MEC) y el Codicen establecida en la letra de la LUC, implica una asignación de cometido “expresamente vedado por la Constitución de la República”. Por otro lado, desaparece “el Sistema Nacional de Educación Pública” y “se crea un sistema de vasallaje” para el vínculo laboral docente con el sistema.

Se trata en definitiva de “un Proyecto regresivo en 100 años en materia educativa”; que incorpora un sesgo nítido de “control político e ideológico del MEC” en el gobierno de la Educación; que “se mete con la Ley Orgánica de la Universidad de la República” y también con “la UTEC”, todo lo cual resulta convenientemente funcional a la lógica centralizadora de una administración educativa orientada por una concepción mercantil.