Hay un impacto “desproporcionado” sobre las mujeres en condenas por drogas, en ocasiones por “cantidades ridículas”, indica estudio
Los delitos que penan el tráfico de droga en cantidades pequeñas afectan de forma “desproporcionada” a las mujeres en comparación a otras modalidades de delito, indica un estudio académico que analizó más de 1.000 casos entre noviembre de 2017 y diciembre de 2022. También explica cómo hace el rol tradicional de las mujeres en el cuidado para impulsarlas a delinquir.
El informe del Grupo de Estudios en Política Criminal, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (Udelar), que trabajó con el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) como contraparte de la sociedad civil, identificó un “impacto desproporcionado en razón del género” que perjudica a las mujeres.
Relata el documento, replicado este jueves 31 en el semanario Búsqueda, que la imposición de penas y agravantes más severos, como el ingreso de droga a establecimientos carcelarios, provocó un aumento exponencial de la población femenina en centros de reclusión. Añade que los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración (LUC) confirmó la tendencia de penas más duras en el sistema, y recordó que la Rendición de Cuentas de 2022 modificó parcialmente lo dispuesto, con posibilidades para sustituir penas por circunstancias familiares.
El rol de madres, esposas e hijas y el microtráfico responden a desigualdades de género
En la base de este fenómeno está la desigualdad de género, asegura el reporte. En especial, profundiza, en el rol del cuidado. Son las mujeres quienes protagonizan las visitas a cárceles en su rol de madres, esposas, parejas o hijas, sostuvo el investigador responsable, Diego Silva, a Búsqueda.
Añadió que son ellas a quienes coaccionan para introducir pequeñas cantidades de droga a cárceles, o quienes deben ocuparse de la boca de venta de drogas, a cambio de la seguridad de sus parientes o allegados dentro de la prisión.
El promedio de penas en 2017 era de 22,1 meses de prisión para las personas que caen en privación de libertad por delitos vinculados a drogas. En 2019, aumentó a 22,8 meses. La vigencia de la LUC lo llevó a 31,2 meses. Es un aumento del 41% en cuatro años.