González Guyer sobre la LUC: no hay mecanismos para que nadie más que el Presidente y el director de la Secretaría de Inteligencia accedan a información secreta

Entrevistado en InterCambio el investigador en temas de Defensa y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Julián González Guyer, analizó los cambios previstos por la Ley de Urgente Consideración (LUC) a la vigente Ley 16.696, que creó el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, y advirtió contra los riesgos y peligros que esas modificaciones implican.

Si bien “pertinente puede ser” la actual iniciativa en esa materia del Poder Ejecutivo u otra, eventualmente del Legislativo, “es llamativo” en este caso “el porqué de las cosas” que los investigadores se plantean como método, reflexionó González. Es que la 16.696 es “una Ley que se aprobó hace menos de dos años”, más precisamente en “setiembre de 2018, después de un proceso de tres años de negociación en una comisión bicameral (…) y que se aprobó por unanimidad (…) y que además no ha podido ser probada en la práctica” porque “no ha sido ni siquiera reglamentada” debido a que “el gobierno anterior” no lo hizo y “tampoco designó a su director (del Sistema Nacional de Inteligencia) para que empezara a organizar la cosa”.

Con este contexto, ahora y mediante la LUC “se la quiere modificar en algunas cosas que no son menores”, por lo tanto “yo me pregunto por qué (…) y todavía no he encontrado respuestas convincentes”, explicó.

En Uruguay “tenemos un montón de organismos que hacen inteligencia” en varias instituciones del Estado y con distintas especificidades. Al respecto, “lo que se plantea esta Ley (16.696) por un lado es crear la Secretaría de Inteligencia Estratégica y al mismo tiempo (…) darle forma a ese conjunto de organismos que trabajan paralelamente”. Es así que “la Ley vigente define qué es información estratégica”, un concepto que “refiere a la recolección y procesamiento” de información para “poner ese resultado en manos de quienes tienen que tomar las decisiones” al “más alto nivel”, es decir “el Presidente de la República” como “titular del Poder Ejecutivo”.

Este concepto y cometido, claramente “no está vinculado” a la seguridad pública porque “no es la vocación de la inteligencia estratégica dedicarse a temas de seguridad pública o seguridad interior. La vocación para esos temas es la de un Ministerio del Interior”, mientras que “la vocación de la inteligencia estratégica son los grandes asuntos que tiene que decidir el Presidente de la República”, precisó el académico.

En nuestro país “ya existe un servicio de inteligencia estratégica más allá del que crea la Ley” y está ubicado en la órbita del “Estado Mayor de la Defensa”, de ahí que “sería bueno (…) que en la LUC” los autores de ésta “definieran que ese servicio” del Estado Mayor de la Defensa “se dedicara a otra cosa” y “no a la inteligencia estratégica”, sugirió el entrevistado.

“El otro problema, además, es que, a la vez que se cambian algunas otras cosas de la Ley, también se crea una nueva figura de información”, que se suma a las existentes con la Ley 16.696 de “información reservada” e “información restringida”, y entonces “ahora a través de la LUC se crea la información secreta, una categoría de información en la que puede caer información por voluntad del director de la Secretaría de Inteligencia y el Presidente de la República, de quien depende, y se acabó”, advirtió.

“Hay dos razones por las cuales se fundamenta la posibilidad de crear esta categoría de información: para poder tener información de otros países que de otra manera supuestamente no nos darían la información, o por razón de la seguridad del Estado de Derecho; por cualquiera de esas dos razones el director de la Secretaría dice ´esta información es secreta´ y chau, no hay juez, no hay Parlamento” que pueda acceder a esas razones y datos, alertó.

González también expresó preocupación por la ubicación institucional que la LUC establece para dicho organismo, porque se eliminaría de hecho “el control del Poder Legislativo y el Poder Judicial sobre las actividades de la Secretaría”. “Si se ubica en la Presidencia de la República, para el Parlamento sería más complicado el control, cuando lo que prevé la Ley (vigente) es un órgano desconcentrado que dependa de los cuatro ministerios que tienen que ver con la información estratégica”, contrastó.

Asimismo advirtió que con la LUC, al director “se le otorga la competencia de dirigir el Sistema de Inteligencia”, mientras que con la Ley vigente solo tiene a cargo “la coordinación”, esto es que “dirige la Secretaría (…) pero en relación a todos los demás organismos de inteligencia” repartidos entre cuatro ministerios, solamente “los coordina”.

“Si él es director del Sistema, entonces el fenómeno que se daría es la doble dependencia de los jerarcas de los organismos de inteligencia: por una parte del ministro del que dependen naturalmente y por otra parte del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica; esa doble dependencia es algo que no debe existir en una organización burocrática, el Estado” lo es y por ende “cada jerarca tiene que saber perfectamente de quién depende, quién le da las órdenes (…) y si tiene dos (…) puede darse la situación en que un jerarca diga A y otro diga B (…) en un ámbito tan delicado como es la inteligencia” razonó.

Otro cambio complejo previsto en la LUC es que el director de la Secretaría y los cuatro ministros con áreas de inteligencia a cargo, “por lo menos quedan como pares” porque “si el director de la Secretaría (…) pasa a ser un integrante nato”, junto al Presidente y esos cuatro ministros, “del Consejo de Defensa Nacional, (…) es un par de los ministros, tiene un rango de ministro, es algo parecido a lo que pasa con el director de la OPP, que no es ministro pero es como si lo fuera”.

Este cambio, indicó González, “no es necesario y hasta podría llegar a ser inconveniente” debido a que la de inteligencia “es una tarea muy importante” como “muy delicada”, y la definida “estratégica (…) es más delicada aún”, por lo que “darle el rango de ministro le otorga un poder desmesurado al director de la Secretaría”.

Más adelante, el investigador y docente precisó el significado de la citada categoría “información secreta”: mientras que los conceptos “información restringida e información reservada” vigentes por la Ley 16.696 “tienen periodos distintos para no ser divulgada y requerimientos distintos para que alguien pueda tener acceso a ella, pero la posibilidad de acceso y de divulgación pública existen” en la órbita parlamentaria y “por las leyes de Información Pública (…) los jueces tienen también potestades”, sucedería que “con la información secreta no hay ningún mecanismo para que nadie más que el Presidente de la República y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica accedan a esa información”, alertó González.