Un caso de trata de humanos y explotación laboral en Artigas derivó en la imputación por Fiscalía a seis personas y una de ellas es funcionaria del Ministerio de Defensa, asunto al que Diego Cabrita, abogado especializado, se refirió en Nada Que Perder.
Cabrita puntualizó que en Uruguay “faltan muchas políticas de seguridad para prevenir estos delitos en estas intendencias, en estos gobiernos locales y también en el país” en su conjunto.
Reclamó en esa dirección que “el Estado, junto con esta integración (regional), junto con los demás países debe coordinar las medidas para proteger a las personas, sean o no nacionales”; anotó que “estas redes también utilizan las fronteras para actuar”.
Explicó que “esta funcionaria (de Defensa) que está siendo investigada por estar relacionada con el tema de trata no trabaja sola, al contrario; tiene una organización, también debe tener una red de personas que también pueden ser autoridades de este país que hacen una vista gorda o miran al costado cuando suceden estos casos o cuando hay estos movimientos de personas”.
“La mayoría de las víctimas (de trata) en las Américas son venezolanas debido a la vulnerabilidad que tienen los venezolanos dentro de Venezuela”, indicó; describió algunas condiciones de eso y dijo que “hay un movimiento de los tratantes hacia el sur, hacia Uruguay” para someter a aquellos a “explotación laboral”.
Advirtió que “durante años el Uruguay ha declarado a las autoridades internacionales” que elaboran los informes acerca de este delito que “no ha existido un funcionario público inmerso en operaciones de trata de personas”, cuando “las víctimas de trata de personas en Uruguay existen y han existido durante años sin que la justicia investigue y establezca que es trata de personas”.
En el caso de Artigas “vemos el ejemplo perfecto de una persona que está organizando la red, otra persona que está pagando esos pasajes, otra persona que los transporta, otra que brinda una especie de seguridad a la red de tratantes en una comunidad”.
Asimismo, “a los ojos de estos venezolanos vulnerables, una funcionaria de esa magnitud en Artigas representaba a la justicia, representa el Poder Ejecutivo, representaba a todo el poder que pudiese tener dentro de la Intendencia”, alertó el abogado.
“Eso también es importante porque las víctimas, cuando se ven envueltas en todo esto no denuncian a las autoridades porque creen que todas están metidas, involucradas en este asunto”.
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