Del informe presentado por la anterior comisión interventora del Casmu no se fundamenta que se realice una denuncia penal, informó al MSP la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
La Fiscalía General de la Nación informó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que del informe presentado por la anterior comisión interventora del Casmu no parten «conductas delictivas» que ameriten una denuncia penal contra las autoridades de la mutualista.
El informe de los interventores había sido entregado a la Fiscalía en diciembre por la entonces ministra, Karina Rando, para evaluar posibles irregularidades en la gestión de la mutualista. Tras meses de análisis del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, determinó el archivo de las actuaciones el pasado 9 de enero.
Según el escrito, “no se advierte en principio y sin perjuicio la existencia de presuntas conductas delictivas que fundamenten el registro de una denuncia penal para su eventual investigación”.
Casmu está intervenida sin desplazamiento de autoridades desde el 29 de julio de 2024 por decreto del expresidente Luis Lacalle Pou. El reporte de los veedores señala fallas en procedimientos básicos de control interno, desvíos de la normativa, incumplimiento de los estatutos y del reglamento de compras.
Tras conocer la noticia, el senador blanco Sergio Botana expresó en su cuenta de la red social X: “Fiscalía nos dio la razón a los que advertimos de la persecución de la que fue objeto el Casmu por parte del MSP”. En rueda de prensa, Botana aseguró en diciembre que un grupo empresarial utilizó al gobierno para “hacer cosas indebidas”.
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