Exrelator de la CIDH criticó intento de limitar declaraciones públicas de Charles Carrera por parte de Fiscalía
“Pretender acallar la libertad de expresión a cuenta de que haya un juicio pendiente es totalmente contrario a los derechos humanos”, dijo Álvarez.
El exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ignacio Álvarez, manifestó a La Diaria “sorpresa y desconcierto por la actitud de la fiscalía” en la última audiencia del proceso que investiga a Charles Carrera, quien fue imputado en junio por los delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización de información privilegiada.
“Pretender acallar la libertad de expresión a cuenta de que haya un juicio pendiente es totalmente contrario a los derechos humanos”, dijo Álvarez, quien actualmente dirige el estudio IHR Legal, responsable de la denuncia contra el Estado uruguayo ante la CIDH, informó el citado medio.
Sobre la postura de la fiscal Sandra Fleitas, que consideró la presentación de la demanda internacional como un mecanismo de presión, Álvarez sostuvo: “Pretender penalizar o sancionar de alguna manera al señor Carrera por haber presentado denuncias internacionales es un absurdo también, y puede comprometer aún más la responsabilidad internacional del Estado uruguayo”.
Para el exrelator, “no se puede penalizar a alguien porque utiliza su derecho de quejarse, y con toda la razón, a nivel internacional por las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido y que está sufriendo”.
Al ser consultado sobre las solicitudes de la fiscalía de impedir a Carrera hablar con medios y usar redes sociales, Álvarez consideró que “la pretensión de la Fiscalía de callar a Carrera es como matar al mensajero”, ya que “quieren manejar discretamente los abusos que han venido cometiendo y que siguen cometiendo, y eso no se va a permitir”.
En tanto, el exsecretario ejecutivo de la CIDH y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Paulo Abrão, sostuvo que limitar el uso de redes sociales contradice las normas internacionales e indicó a La Diaria que está “vinculado a los derechos humanos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información, que implican la capacidad de buscar, recibir y difundir ideas libremente”.
Además, Abrão expresó que “la multiplicidad de denuncias es una estrategia jurídica legítima, amparada por estándares internacionales y necesaria para garantizar que las violaciones de derechos humanos sean debidamente investigadas y reparadas”.
En la audiencia de junio, donde Carrera fue imputado por la presunta comisión de los delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización de información privilegiada, la fiscal Sandra Fleitas había pedido por primera vez que al exsenador se le prohíba el uso de redes y el contacto con la prensa. En ese momento, la fiscal argumentó que el exlegislador tuvo “un comportamiento que entorpece la investigación”.
La jueza Lorena Juliano rechazó ese pedido y afirmó que Carrera “puede hacer el uso de las redes sociales que su criterio entienda”, ya que “es un ejercicio de un derecho, más que una amenaza”.
“Esta necesidad de acudir a las redes para explicar su situación no le afecta a nadie y el que se sienta afectado podrá presentar una denuncia penal”, manifestó en ese momento la magistrada.
En la última audiencia a principios de setiembre, a cargo de la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, la Fiscalía volvió a solicitar a la Justicia que se le prohíba a Carrera tanto el uso de redes sociales como la posibilidad de dar entrevistas a la prensa por 150 días.
En ese momento, el exlegislador manifestó su preocupación por lo que consideró como un intento de limitar sus garantías. “El derecho más elemental de un ser humano, que es el derecho a defenderse, me quieren coartar”, afirmó.