"En un contexto marcado por la persecución al migrante, Uruguay puede hacer la diferencia", resaltó España
“Si informamos a las personas migrantes sobre sus derechos, también estamos trabajando por los derechos, por ejemplo, de los trabajadores, sin importar el origen nacional”, resaltó Valeria España.
En el Mes de las Migraciones, la directora de Protección Social para Personas Migrantes y Refugiadas del Mides, Valeria España, sostuvo que Uruguay tiene condiciones para ofrecer una política migratoria basada en derechos, en un escenario global marcado por restricciones y la persecución a esta población. “Uruguay puede hacer la diferencia”, remarcó.
En diálogo con Nada que perder, España señaló que Uruguay recibe una población “muy heterogénea” y especificó que, según el censo 2023, en el país “hay un 3% de personas nacidas en el exterior”. Entre los “nuevos orígenes latinoamericanos” identificó la presencia de migrantes de Venezuela, Argentina, Brasil y Cuba y destacó que se trata en muchos casos de migración joven y afrodescendiente entre 25 y 50 años.
En la entrevista, España explicó que más del 50% de las personas migrantes se asientan en Montevideo, mientras que Rivera aparece como un punto clave de ingreso, pero también de asentamiento. Asimismo, indicó que algunos gobiernos locales ya alertaron por “prácticas discriminatorias”, por lo que se necesita desplegar herramientas para acompañamiento y contención en las oficinas territoriales del Mides y en los propios municipios.
Con respecto a las líneas de trabajo de su división, señaló que la migración reciente es la más vulnerable y que el principal eje es “acceso a la información y acceso a derechos”. En ese marco, citó como ejemplo el Centro de Referencia para Personas Migrantes, donde se articula el trabajo de Mides, Migraciones, Identificación Civil, MEC y Vivienda, para facilitar trámites y orientación.
“Si informamos a las personas migrantes sobre sus derechos, también estamos trabajando por los derechos, por ejemplo, de los trabajadores, sin importar el origen nacional”, resaltó. Y en ese sentido, añadió: “Lo que queremos evitar son prácticas de explotación laboral, malas condiciones de trabajo, abusos, situaciones en las escuelas, que sabemos que es un tema que hoy está sobre la mesa”.
En cuanto a la inserción laboral de esta población, afirmó que existe “una sobrecalificación de las personas que llegan” y que la mayoría trabaja en el sector servicios, como las plataformas de reparto, los cuidados y la seguridad privada. Advirtió que, sin apoyo adecuado, muchas trayectorias se ven afectadas por “situaciones bastante complejas” en las condiciones de trabajo, así como “una gran precariedad habitacional”.
Por otro lado, señaló que Uruguay tiene cerca de 600 personas refugiadas y aseguró que las solicitudes de asilo han aumentado, asociadas en parte a personas que llegan sin visa y recurren a la protección internacional. Recordó que quienes solicitan asilo no están obligados a comunicarse con consulados, porque requieren protección humanitaria.
España hizo hincapié en que, en el caso de Uruguay, la migración habla sobre todo español, y que “las posibilidades de generar políticas de calidad en un contexto global marcado por la persecución de personas migrantes realmente puede hacer la diferencia”. En ese sentido, la apuesta de la actual administración no se limita a permitir el ingreso, subrayó, sino a “reconocer el derecho a migrar” y garantizar “poder acceder a una vida digna”.