Uruguay tiene una economía sólida con desafíos fiscales que, si no son abordados, "terminan siendo un problema económico", advirtió el titular de Economía y Finanzas.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF) Gabriel Oddone compareció ante la Comisión de Hacienda de Diputados con una presentación sobre el “punto de partida” de las cuentas públicas, de cara a la discusión del presupuesto para el período.
En 2024 el déficit llegó al 4,3% del producto bruto interno (PBI), dato al cual Oddone añadió los egresos adicionales para 2025 por 970 millones de dólares, lo que corresponde a 0,5% del PBI. Esto se debió a la postergación de gastos de distintos organismos, explicó el ministro a los legisladores.
Consultado por la prensa, Oddone sintetizó: “si uno toma el déficit fiscal del Sector Público Consolidado, el cierre de 2024 es el déficit más alto desde los años ‘90, en 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que este”.
Esto en cuanto a la problemática fiscal, que Oddone separó del momento económico del país, el jerarca expresó que “tenemos una economía sólida en términos de su nivel de crecimiento, de empleo y de inflación, que ha estado descendiendo; pero tenemos una situación fiscal con una serie de desafíos que, si no se atacan, tarde o temprano terminan siendo un problema económico”.
Por otro lado, explicó que Uruguay "no hay ninguna bomba" y eso se observa porque no hay cambios en su calificación crediticia. El ministro subrayó que el país necesita duplicar su tasa de crecimiento. Para esto, la tasa de inversión debe aumentar del 16% de PBI actual al 20%, lo que significa destinar al año unos 4.000 millones de dólares desde el sector público y otros 12.000 millones por parte del sector privado.
Asimismo, Oddone recordó los compromisos del gobierno a favor del fortalecimiento de la regla fiscal, la reducción de la inflación por debajo del 4,5%, la creación de una unidad especializada en inversiones, el fortalecimiento de la Comisión de Defensa de la Competencia y el fomento de la competitividad mediante la revisión de reglamentaciones.