El sistema carcelario "es una cara que nadie quiere ver" en Uruguay, sentenció Bettiana Díaz
La senadora del FA advirtió sobre el riesgo que conlleva el hacinamiento y defendió el fortalecimiento de la justicia restaurativa, basada en la reparación del daño, y otras medidas alternativas a la prisión.
La senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz se refirió en Nada que perder a la situación del sistema carcelario en Uruguay, advirtió sobre el riesgo que conlleva el hacinamiento y defendió el fortalecimiento de la justicia restaurativa, basada en la reparación del daño, y otras medidas alternativas a la prisión. “El sistema penitenciario en general no tiene nada que ver con esa construcción de imagen que tiene el Uruguay”, subrayó.
Díaz explicó que en el país hay aproximadamente 16.500 personas en las cárceles, con una situación crítica sobre todo en los centros del área metropolitana. En promedio hay un aumento de 1.000 presos por año. “Hay miles de personas que ni siquiera tienen dónde estar”, apuntó. Según precisó, en Uruguay hay 13.900 plazas disponibles para los privados de libertad.
“La cárcel está llena de gente pobre y joven que cometió delitos contra la propiedad, pero hay procesos que han agravado esta situación de aumento exponencial”, apuntó la entrevistada en referencia a los cambios implementados en el gobierno pasado. En este contexto, remarcó la importancia de abordar y profundizar la redención de pena mediante el estudio y el trabajo, como planteaba también el excomisionado parlamentario Juan Miguel Petit.
Sobre esta último aspecto, la senadora crítico los “discursos populistas” de quienes plantean “trabajo obligatorio” para todos los presos, porque muestran, según dijo, que no conocen las condiciones que tienen las cárceles uruguayas, que no pueden asegurar “las condiciones mínimas” para acceder a una plaza laboral o de estudio a una persona.
De acuerdo con Díaz, en el proyecto de Presupuesto que se estudia en el Parlamento se incluyen algunas “buenas medidas” que apuntan a fortalecer la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) y se prevé un "cambio de encare" por parte de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) que pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
En otro tramo, la legisladora se refirió a la situación que atraviesan los 70 niños que están creciendo en las cárceles con sus madres privadas de libertad. A propósito de estos casos, explicó que "últimamente se están aplicando" medidas alternativas a la cárcel para estas mujeres, pero se plantea el problema de su supervivencia dado que no pueden trabajar: “Quedan en una situación de vulnerabilidad que las vuelve a empujar a la dinámica delictiva”.
Díaz sostuvo que “la mitad de las personas que están privadas de libertad tienen penas menores a 24 meses” y, frente a este panorama, llamó a pensar en dispositivos como las “casas de medio camino” (hogares transitorios) que apunten a “descomprimir” el sistema carcelario.
La senadora aclaró que la suya no es una visión “romántica” del asunto sino que, al contrario, es en defensa de la “justicia restaurativa”, basada en la reparación del daño. Acerca de esto afirmó: “Es mucho más importante y beneficioso para la sociedad que seguir metiendo gente en esta cárcel que saca lo peor de nuestro sistema, porque es una cara del Uruguay que nadie quiere ver”.