En 2023 la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida junto con el colectivo Tucu-Tucu presentaron ante la Justicia una medida cautelar de “no innovar” pretendiendo suspender la adjudicación de la licitación pública internacional del proyecto Arazatí-Neptuno.
Ese era el paso previo a iniciar un juicio contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y OSE y buscaba “conservar la situación tal como se encuentra para que, en el futuro, la sentencia del proceso principal pueda aplicarse o ejecutarse de manera efectiva”. Sin embargo, una semana después de que las organizaciones presentaran la medida, la empresa estatal tomó la decisión de adjudicar la licitación al Consorcio Aguas de Montevideo.
En Primera Instancia la jueza actuante desestimó la medida por “falta de jurisdicción”, pero una nueva sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, revocó la sentencia anterior y declaró que era competencia de la Sede Letrada en lo Civil tomar una decisión sobre la medida cautelar de no innovar. Lo importante es que se reconoció la “legitimación activa de los promotores para reclamar la adopción de la medida de no innovar atento al interés alegado y con fundamento en el artículo 42” del Código General del Proceso.
INFO24 consultó al abogado Juan Ceretta, representante de estas organizaciones, que en su momento aseguró que dicha sentencia reconoce que la sociedad civil puede “cuestionar y llevar” a la Justicia decisiones que toma el gobierno, en este caso OSE y el Ministerio de Ambiente. “El proceso en sí se retomaría donde había quedado detenido, en tanto la jueza civil había considerado que no era competente”, indicó.
Este viernes 21 de junio hay una nueva instancia de la audiencia por medida cautelar de no innovar para suspender la adjudicación de la licitación pública internacional en este Proyecto Neptuno-Arazatí.
Sobre este y otros temas conversamos con Ceretta
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