El método García: los contratos fallidos bajo su gestión en el Ministerio de Defensa
Compras fallidas de patrulleras y aviones inactivos, irregularidades salariales y sobreprecios en medicamentos son algunas de las polémicas en la gestión de Javier García al frente del Ministerio de Defensa.
Durante las administraciones de Javier García y luego de Armando Castaingdebat al frente del Ministerio de Defensa, se acumularon contratos fallidos, irregularidades y compras cuestionadas que derivaron en pérdidas millonarias, retrasos y sanciones internas. En su columna Desde adentro, para Nada que perder, el periodista Diego Martini ahondó en estos temas.
El propio presidente Luis Lacalle Pou había anunciado en diciembre de 2021 “la compra de dos patrullas oceánicas” como parte de un proceso de modernización militar, que hoy enfrenta serios cuestionamientos.
En aquella conferencia, el mandatario defendió la iniciativa al afirmar que se trataba de “un hito importantísimo” desde el punto de vista de la “soberanía” uruguaya, y destacó que el gobierno buscaba “involucrar a todos los partidos políticos en una comisión de seguimiento y monitoreo”. Sin embargo, esa participación no se concretó y, con el tiempo, surgieron dudas sobre la transparencia y los plazos del contrato.
El ministro de entonces, Javier García, sostuvo que las decisiones se tomaron “con informe de la Armada” y subrayó que “uno de los que recomendó esta empresa es el comandante actual de la Armada que designó el presidente”.
En respuesta a las críticas por la garantía del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de las dos patrullas oceánicas, apuntó que algunas declaraciones sobre el proceso estaban “llenas de medias verdades y omisiones”. Y añadió: “Puede ser o una omisión o una mentira. Yo prefiero pensar en omisión”.
El contrato con la empresa española Cardama, encargada de construir las patrullas oceánicas (OPV, por su sigla en inglés), derivó en un conflicto por el vencimiento de una garantía. Mario Cardama, titular de la compañía, reconoció ante Canal 12 que “la garantía está en vigor desde setiembre” y que “por un despiste” no avisaron antes. Aseguró que se trató de “un tema administrativo”. “Si tardamos dos días o medio día en entregar una garantía, no es mucha razón para ejecutar un contrato por completo”, consideró.
Las dudas crecieron cuando se conoció que el avance de la construcción no correspondía con lo declarado. García había asegurado que “el barco lleva el 60 % en siete meses de construcción”, pero el propio Cardama aclaró que ese porcentaje se refería “al acero”, es decir, apenas a la estructura visible. Esto, en términos técnicos, equivale a menos del 30 % del trabajo total, según puntualizó Martini.
A los problemas con las patrullas se sumaron los aviones Hércules adquiridos a España. En su momento, García había calificado la operación como “una negociación muy exitosa” y afirmó que los aviones garantizaban “30 años de proyección en la Antártida, 30 años de proyección intercontinental, 30 años de extensión en búsqueda y rescate”. Sin embargo, ambos Hércules terminaron fuera de servicio: uno varado en Portugal por demoras en el mantenimiento y otro en Chile por fallas en un motor.
Al asumir la cartera, Armando Castaingdebat reconoció las dificultades. Explicó que “han habido postergaciones permanentes por parte de la empresa” encargada del mantenimiento y que se estaba “culminando la licitación para ver dónde se le hace el service a este mismo Hércules”. Admitió que “el Uruguay compró lo que podía” y que los Hércules “son como un auto usado, el cual hay que mantenerlo”.
Las irregularidades no se limitaron a las aeronaves y las patrullas. En 2022, una investigación interna reveló que se habían pagado compensaciones salariales indebidas a funcionarios de la Armada. Ese mismo año, se descubrió la desaparición de 35.000 kilos de carne pagados por el Ministerio pero nunca ingresados, lo que derivó en una investigación judicial. A esto se sumó la compra de medicamentos a precios superiores al mercado en 2021 y las deficiencias en reparaciones navales supervisadas por una comisión técnica de la Armada.
Otro episodio que involucró al Ministerio de Defensa fue la adjudicación de contratos a la empresa Vertical Skies y su subsidiaria Lunacard, relacionadas con el exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. Estas compañías obtuvieron licitaciones para proveer botas tácticas, equipos de buceo y manuales técnicos.
En 2023, se sumó la compra de seis botes inflables por 15.000 dólares cada uno, que resultaron defectuosos y “presentan graves deficiencias que comprometen su operatividad”, según informes internos. Las embarcaciones, que debían ser usadas para patrullaje, quedaron fuera de servicio tras filtraciones de agua y fallas de flotabilidad.
Castaingdebat también anunció la adquisición de seis aviones Super Tucano a Brasil por 100 millones de dólares. Afirmó que el proyecto “marca un antes y un después en la historia de la Fuerza Aérea Uruguaya, [que] desde el año 1981 que no se compraban aviones de combate”. Sin embargo, los plazos no se cumplieron: los aviones aún no llegaron.