El decreto de Luis Lacalle Pou: intervenir al Casmu durante un año
Con fecha 29 de julio, el mandatario decretó la intervención de la mutualista que atraviesa una difícil situación económica y financiera.
El texto señala que el 17 de junio de 2024 el prestador privado de salud le solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas acceder al régimen del Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.
El fundamento de este pedido se basa en la "grave dificultad económica y financiera" de la mutualista, "lo cual compromete su capacidad para cumplir con sus obligaciones" como atrasos en los pagos a proveedores y persistencia de un patrimonio negativo.
Diez días después de esta solicitud, las veedores de la institución presentaron dos informes: “Conclusiones generales de los Flujos de Fondos proyectados por CASMU IAMPP” y “Comentarios a los supuestos utilizados en el flujo de fondos proyectado de CASMU IAMPP para el período 12/2023 a 12/2039 con motivo de la solicitud de un nuevo acceso al Fondo de Garantía IAMCs”. Se sumó a esta documentación los informes realizados durante la veeduría de fechas 18 de marzo de 2024 y 17 de mayo de 2024.
El 28 de junio el Ministerio de Salud Pública resuelve intimar a Casmu que en un plazo de diez días hábiles subsanara la situación económico-financiera "bajo apercibimiento de intervención u otras consecuencias que disponga la normativa".
El 16 de julio Casmu responde a la intimación e interpone recursos de revocación y jerárquico contra esta decisión ministerial y pide se suspenda la ejecución del acto administrativo.
Pese a esto, el gobierno resolvió intervenir Casmu, lo cual implica "realizar el contralor del ejercicio de los establecimientos de asistencia y prevención privados, estando la Administración obligada a adoptar todas las medidas que tenga a su alcance para que los prestadores de salud cumplan sus obligaciones, de forma que los habitantes gocen de su derecho a la debida asistencia en materia de salud".
Es que para el Poder Ejecutivo, Casmu no logró "subsanar dentro del plazo concedido el desfasaje económico-financiero que, a juicio del Ministerio de Salud Pública, tiene como consecuencia ineludible, en un corto plazo, el decaimiento de la atención asistencial normal del prestador de salud", por lo que "corresponde disponer su intervención sin desplazamiento de las autoridades" en el plazo de un año, de acuerdo al decreto presidencial
Los interventores son Juan Carlos Simonelli Pons, Sandra Lorenzo Pousa, y Gerardo Lorente Fernández. Cada uno de estos percibirá un ingreso de $ 380.000 más LV.A. mensuales, "con cargo a la institución intervenida".
“Todo está a la vista”, dijo el presidente del Casmu, que espera comunicación del gobierno