Dr. Martín Fernández: en materia de seguridad “la Ley De Urgente Consideración no es ni urgente ni eficaz”

El proyecto de Ley de Urgente Consideración aborda, como es sabido, distintos aspecto y uno de ellos, uno de los más críticos, es el referido a la seguridad.

Al respecto el Dr. Martín Fernández Chiossoni, docente de Derecho Penal, miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), elaboró un trabajo para el estudio Da Silva /Cendoya y Asociados, titulado “10 puntos en materia de seguridad en el Proyecto de Ley de Urgente Consideración”.

Uno de los aspectos que aborda el documento es que si bien el mecanismo de ley de urgente consideración es una herramienta válida, se demostró que no es un mecanismo idóneo para tratar temas del ámbito penal.

“También se afirma que esta no es la primera vez que se realizan cambios a la legislación vinculada al tema penal en un formato de ley de urgencia. Éste formato fue utilizado en el pasado reciente y su resultado no permite avizorar éxito en este nuevo intento”.

Desde la perspectiva penal, afirma el profesional, el proyecto “realiza modificaciones a temas sensibles como la legítima defensa y genera una serie de presunciones cuyo valor en juicio es igual a cero.

Contrariamente a lo que se plantea, hay que reforzar la idea de la actuación conforme a derecho de quien se defiende y no en base a presunciones que luego son destruidas en juicio y pueden significar condenas por homicidio o lesiones”.

A su vez se refiere al aspecto vinculado a las conductas vinculadas a la actividad de las fuerzas policiales y su relacionamiento con la sociedad, afirmando que “previo a la criminalización de éstas conductas se debe trabajar de manera significativa en la formación profesional y en mejorar los abordajes e intervenciones policiales. En otras palabras, la policía no se gana el respeto de la ciudadanía por castigar las conductas de menosprecio que ya son castigadas por otras figuras penales”.

En ese sentido se plantea la participación de Fuerzas Armadas y de retirados policiales en la seguridad pública lo que considera que, lejos de convertirse en una solución, supone un riesgo para la población.

También se ocupa del desmantelamiento del Código Procesal Penal brindando mayor autonomía a la policía para investigar, retaceando o afectando la actividad posterior de la Fiscalía sin solucionar problemas de implementación que han sido reiteradamente denunciadas. Afirma además que “ninguno de los problemas urgentes del Poder Judicial, que contiene también a la Defensoría Pública, son abordados y solucionados.

Un capítulo especial lo destina a la expresión “yo no ando en nada raro” como parte de una cierta adhesión social al cercenamiento de garantías y al ensanchamiento del estado policial. Sin embargo el Dr. Fernández explica que si se aprueba este proyecto tal com está significa que a una persona se la podrá detener hasta por 24 horas, lo que constituye una lógica contraria lo que se pretende lograr.