Deuda en tiempos de pandemia: menos dinero cuando más se necesita

El difícil acceso al endeudamiento es otro de los escollos que enfrenta la región ante la crisis por el nuevo coronavirus. Con las arcas públicas incapaces de cumplir con las necesidades de la población, los Estados apuestan a aumentar su pasivo, aunque su historial crediticio dificulta la tarea.

Los países, como los propios individuos, tienden a aumentar su endeudamiento en tiempos de crisis. Unos recurriendo a familiares, amigos o bancos, otros a bonos, préstamos con organismos y a una gran variedad de instrumentos financieros. Sin embargo, a pesar de que el contexto de la pandemia —con su consiguiente deterioro económico— amerita medidas extraordinarias y más gasto público, acceder al dinero no es nada fácil.

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, durante la crisis mundial del 2008 y 2009, la deuda pública de América Latina ascendía a aproximadamente 40% del Producto Bruto regional. En la actualidad es de alrededor del 62%.

La situación no impide tomar más deuda, pero tiende a encarecerla puesto que el riesgo de impago es mayor. Así como la disposición a prestar es menor, mayores son las tasas de interés, las comisiones y las condiciones para esos desembolsos.

La situación varía de nación en nación y la magnitud del problema depende no solo de la cantidad en cuestión sino de la composición de esa obligación del Estado. Argentina, además de ser el país latinoamericano más endeudado respecto a su Producto Bruto Interno, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene acreedores muy variados.

De acuerdo a un estudio del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) de Argentina, la deuda total del país es de 324.000 millones de dólares. De ellos, 146.000 millones son en deuda intraestatal lo que la convierte en la parte más fácil de reperfilar.

Además, 37.000 millones están en títulos en pesos o dólares con privados, pero bajo legislación nacional. Pero la porción más difícil de reestructurar son los 72.000 millones que le debe a organismos internacionales y los 66.000 millones emitidos en dólares y bajo legislación extranjera.

Estos últimos fueron el objetivo más acuciante de los últimos planes de renegociación del Gobierno. El más reciente, presentado esta semana por el ministro de Economía Martín Guzmán, ofrecía nuevos bonos pero fue rechazado mayoritariamente por los acreedores.

«Después de que asumió el Gobierno Mauricio Macri [2015] y luego de mucho tiempo de no haber pedido préstamos en los mercados internacionales, el país se lanzó a la búsqueda de traer fondos», explicó a Sputnik Lavih Abraham, integrante del MATE.

«Inversión extranjera no consiguió pero logró endeudarse muy rápidamente, sin una capacidad real de repago, porque no fue una deuda que se tomó para generar inversiones en infraestructura o nuevas condiciones de trabajo. Sino que, en general, se utilizó para los mercados financieros», agregó el entrevistado.

De tal forma que, hacia la mitad de la gestión del presidente, «se tornó prácticamente insostenible, porque se necesitaba nueva deuda para pagar la antes contraída y se tuvo que recurrir a un préstamo extraordinario», el más grande de la historia del FMI.

Así, antes de que asumiera el presidente Alberto Fernández [2019], sabía que volver sostenible la deuda sería una de sus principales misiones. «Había que dejar de lado salud, educación, trabajo, jubilaciones, para poder pagar la deuda. Casi un 20% del presupuesto nacional se iba a dedicar a ello.

Este es el panorama que se encontró Fernández al inicio de su Gobierno», señaló Abraham.
Pero no contaba con las nuevas demandas que ha generado el paso del COVID-19 por el planeta y la misión, que ya era difícil, no solo no avanzó sino que se dificultó aún más. «Este año y 2021, 2022 y 2023, prácticamente toda la década del 20 está comprometida», concluyó.