¿Cuáles son las modificaciones que se introdujeron en la Ley de Urgente Consideración?

La Ley de Urgente Consideración (L.U.C.) que el presidente Luis Lacalle Pou presentará formalmente en las próximas horas para su consideración parlamentaria, introduce algunas modificaciones respecto del proyecto original.

El mandatario se reunió este jueves 9 con la vicepresidenta Beatriz Argimón con el objetivo de enviar el texto para conocimiento de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Algunos de esos aspectos modificados tienen que ver con la Educación, el Derecho de Huelga, la utilización de los fondos del Banco República, el funcionamiento de Ancap, aspectos de actuación de la Justicia, entre otros.

El proyecto de ley contiene cambios respecto a lo que fuera la redacción original, los mismos están referidos a aspectos fundamentales de la vida del país. La iniciativa mantiene la mayoría de los artículos del borrador que se hizo público en enero de este año, pero introduce algunos cambios.

En el capítulo en que se refiere al Derecho a huelga la nueva redacción señala que “el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.

En lo referido al Monopolio de venta de combustibles se agrega que “se establecerá un proceso en etapas” para “preparar” a la estatal para la competencia, a la vez que se la exhortará “a desarrollar actividad exportadora de sus combustibles derivados”. Se eliminó del borrador original el párrafo en que se establecía que ANCAP, para seguir desarrollando sus actividades podría constituir una sociedad comercial que funcionara como una sociedad anónima con participación de entes autónomos y servicios descentralizados.

En materia de Seguridad el borrador proponía incluir al Código Penal un artículo llamado “resistencia al arresto”, con penas de seis meses de prisión a tres de penitenciaría para quien dificultase su detención. A eso ahora se agrega que “si en la resistencia al arresto se agrediera o atentara contra la autoridad pública, la pena será de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.

En el apartado Justicia. Se decidió mantener el “principio de oportunidad” (que se proponía derogar, pero se lo modifica. Ahora se habilita al fiscal a evaluar si el hecho denunciado merece “iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada”. Con la modificación, en caso del archivo de la causa, la víctima podrá solicitar al tribunal que ordene el reexamen del caso, dentro de los 30 días de la notificación. También se determina que el fiscal no puede solicitar este mecanismo si el imputado ya fue “beneficiado con su aplicación, dentro de los tres años anteriores, por hechos de similar naturaleza”.

Además se amplía el alcance del proceso abreviado extendiéndose de tres a cuatro años.

En lo referido a la Inclusión financiera se lleva de 40 mil a 100 mil Unidades Indexadas la obligatoriedad de realizar pagos por medios electrónicos y se elimina la posibilidad que le daba al Poder Ejecutivo de “restringir el uso del efectivo” en “aquellas actividades comerciales en las que el riesgo derivado de la utilización del efectivo justifique la adopción de tal medida”.

Otro aspecto fundamental que se modifica es el referido al Banco República (BROU). En la redacción que se propone aprobar se modifica parte de la Carta Orgánica del BROU. Se lleva de un 30% a un 40% lo que el Poder Ejecutivo puede solicitar de las contribuciones adicionales de las utilidades netas anuales del Banco.

También se agregó que se pueden financiar “obras de infraestructura” con esos fondos y que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, “reglamentará la forma de funcionamiento de los fondos que se creen y dará cuenta a la Asamblea General del destino de las utilidades vertidas que hayan sido utilizadas para obras de infraestructura”.

Si ingresamos en el área de la Educación vemos varias modificaciones como la decisión de que sea del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública el que elabore el compromiso y el plan nacional de política educativa que, en la primera versión dependía exclusivamente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Estas son sólo algunas de las modificaciones previstas en la nueva redacción de la Ley de Urgente Consideración.