Si bien la exdiputada Valentina Dos Santos, condenada por usurpación de funciones, ya no integra el PN, su nombre e imagen están vinculadas a la campaña de Emiliano Soravilla y el candidato sostiene que si gana, ella será la secretaria general.
La presencia de Valentina Dos Santos en la campaña del Partido Nacional (PN) en Artigas ha generado cuestionamientos desde sectores políticos y reflexiones por parte de analistas. La exdiputada, condenada por usurpación de funciones, hoy forma parte activa del equipo que acompaña al candidato a la intendencia de ese departamento, Emiliano Soravilla, y en la columna Desde adentro de Diego Martini en Nada que perder se analizó esta situación.
Reacciones desde el sistema político
Para Guillermo Gasteasoro, uno de los tres candidatos a la Intendencia de Artigas por el Frente Amplio (FA), la campaña de Emiliano Soravilla, en compañía de Valentina Dos Santos, está “basada en al mentira porque la ponen a ella como primera figura como si fuera a ser candidata a intendenta y ella ni siquiera figura en las listas”, ya que renunció al PN.
En este sentido, el candidato consideró que le “están mintiendo a la gente para seguir usurpando el poder”, a la vez que “están queriendo maquillar todos los hechos de corrupción que hubo en el departamento”.
La candidata por el FA en Artigas, Mariana Olivera, explicó que, en los hechos, Dos Santos ejercía como intendenta durante el gobierno de Pablo Caram, su tío, cuando en realidad había sido electa como diputada. “Y era la diputada con más faltas en la cámara”, apuntó Olivera y agregó que “ella [Dos Santos] dice que lo hacía para el bien del pueblo, pero el pueblo tiene que saber que eso es un delito y los delitos tienen un castigo”.
En esta línea, la candidata sentenció: “hay que poner las cosas en su lugar y aclarar la situación y decirle a la ciudadanía de Artigas que corruptos nunca más”.
Nicolás Lorenzo es el tercer aspirante al gobierno departamental de Artigas por el FA y, sobre este asunto, fue categórico: “sigue el clientelismo a full”, dijo y añadió: “todo lo mismo que se hizo, un poquito más controlado el tema de horas extra, pero el clientelismo, el ingreso gente a dedo, la promesa de trabajo, la regalía de chapas, la regalía de portland, sigue todo igual”.
Desde el Partido Colorado (PC), Daniel Argañaraz, actual edil que fue quien denunció la corrupción en la Intendencia de Artigas por el caso de las horas extra y candidato a la intendencia, también cuestionó la participación de Dos Santos en la campaña de Soravilla. “Es un abuso lo que están haciendo”, opinó y recordó que la exdiputada fue procesada, por lo que calificó de “aberración” que actualmente se encuentre haciendo campaña política.
Análisis desde la Ciencia política
La politóloga Tamara Samudio expresó que la popularidad de Valentina Dos Santos, pese a todo, “goza de buena salud” y explicó que es una mujer con una referencia política y territorial muy importante en Artigas, que no solo se vincula con simpatizantes del PN, sino con personas de todo el territorio.
“La determinación de Soravilla de que Valentina Dos Santos forme parte del centro de poder y de decisión política de su futuro gobierno departamental ―si llega a ganar―, deja un antecedente bastante más que preocupante y, sobre todo, parecería no atender una decisión que el Partido Nacional parece haber tomado en relación a su inhabilitación”, reflexionó Samudio.
Por su parte, el politólogo Martín Freigedo manifestó que, si no existe impedimenta legal para que la exdiputada ocupe el cargo de secretaria general en la Intendencia, esta situación “hace reflexionar también sobre la calidad democrática que tenemos a nivel subnacional”.
En este sentido, Freigedo explicó que “no hay una condena social desde los ciudadanos y votantes, sino por el contrario, hay un apoyo” que podría hacer que efectivamente llegue al poder departamental. “Esto nos lleva a pensar en cuestiones que tienen que ver con la cultura política a nivel local y cómo ciertas prácticas condenables, o que esperaríamos que fueran condenables, incluso desde el punto de vista jurídico, no son sancionadas por los ciudadanos”, analizó.
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