En la audiencia judicial de este lunes se acordó como medida cautelar el cierre de fronteras por 180 días para Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, su esposa Ana Teresa Iewdiukow Artagaveytia y Daniela Cabral Bilhere, viuda de Ruben Gustavo Basso.
El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, solicitó estas medidas para asegurar la sujeción de los imputados al proceso penal, alegando que la empresa manejó recursos por más de 400 millones de dólares y que "es indudable que pueden tener capacidad económica para abandonar el país".
La medida, aprobada por la jueza Diovanet Jannette Olivera, se tomó en el marco de una audiencia en la que se debatió el estado del caso, que afecta a alrededor de 4.000 inversores. Los abogados de los investigados, representados por Jorge Barrera para Carrasco y por Pablo Donnángelo para la viuda de Basso, aceptaron la decisión y confirmaron la entrega de los documentos de viaje (pasaportes y cédulas de identidad) de sus defendidos. Además, el juez de Concurso, Leonardo Méndez, amplió el embargo y convocó a una junta de acreedores para agosto, elevando el monto embargado a US$ 250 millones.
Méndez calificó como "acreditado sumariamente" que Carrasco, su esposa y la viuda de Basso estaban estrechamente vinculados a la administración de Conexión Ganadera y contaban con conocimiento del estado de insolvencia de la empresa. Con la designación de Alfredo Ciavattone como síndico, las autoridades de Conexión Ganadera quedaron oficialmente desplazadas, marcando un punto de inflexión en la crisis que lleva meses afectando al fondo ganadero.
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