Caso Penadés: Fiscalía se prepara para acusar con la pena máxima al exsenador blanco
La investigación delitos vinculados a la explotación sexual de menores llega a su instancia clave con la acusación que presentará la fiscal Ithurralde.
El próximo viernes 10 de octubre vence el plazo legal de dos años desde que la Fiscalía formalizó la investigación contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés, imputado por más de 22 delitos vinculados a la explotación sexual de menores y a una presunta trama de encubrimiento.
La fiscal Isabel Ithurralde será la encargada de presentar la acusación, luego de continuar el trabajo iniciado por Alicia Ghione, quien se apartó de la causa por razones de salud.
De la denuncia pública a la formalización judicial
El caso se hizo público en marzo de 2023, cuando Romina Celeste Papasso, exmilitante del Partido Nacional, señaló a Penadés como responsable de haberla contratado “cuando era menor” por “servicios sexuales”, según explicó el periodista Diego Martini para su columna Desde adentro en Nada que perder.
Pocos días después, el entonces senador convocó una conferencia de prensa en el Parlamento para negar las acusaciones. “No admito bajo ninguna circunstancia que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo”, dijo en ese momento, en rechazo a los señalamientos en su contra.
Tras la denuncia, la Fiscalía de Delitos Sexuales comenzó la investigación y en mayo de ese año Penadés fue citado a declarar. La fiscal Ghione solicitó al Parlamento el levantamiento de sus fueros, pedido que finalmente fue aprobado.
El respaldo político y las tensiones en la investigación
En esa instancia, el entonces presidente Luis Lacalle Pou reconoció su cercanía con el acusado y afirmó: “Hace 30 años que lo conozco. La persona que denunciaba no la conozco. O sea, no tengo trato [...] [Penadés] Me miro los ojos y me dijo: ‘Yo no fui, yo no hice nada, no es cierto’. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo”.
Por su parte, el exministro del Interior Luis Alberto Heber también manifestó su respaldo inicial, y expresó que Penadés era víctima de una “difamación” y que “la justicia es el camino que ha elegido el senador” para esclarecer los hechos. Estas declaraciones fueron criticadas por sectores políticos y organizaciones sociales, que consideraron inapropiado el apoyo público a un imputado mientras la investigación seguía en curso.
Con el avance del caso, comenzaron a aparecer nuevas víctimas. Durante una audiencia, la fiscal Ghione destacó “el valor de las víctimas que vinieron a contar su verdad”, al tiempo que denunció la existencia de “amenazas, seguimientos y una estafa procesal” vinculada a un plan ideado por Penadés “con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías”. Uno de los involucrados, el exdirector de la cárcel de Comcar, Carlos Taroco, fue posteriormente condenado por su participación y quedó en libertad el mes pasado.
El expediente reveló que algunas víctimas habían sido vigiladas para intentar identificarlas.
“Comencé a tener policías caminando por la por la cuadra donde vivía, cosa que nunca, en todo el tiempo anterior que estuve viviendo ahí, los vi, incluso los llegué a tener en la puerta del edificio”, relató una de ellas a Nada que perder y agregó: “Me tuve que ir a vivir a la calle porque me sentía más seguro”.
Mientras tanto, las audiencias entre la fiscalía y las defensas fueron tensas. En una de ellas, Ghione le dijo a una abogada defensora: “Yo soy la fiscal de esta causa y estoy muy cansada de que usted se dirija a mí de esa manera. No solo por respeto a mí, sino a mi cargo. Se lo he dicho más de una vez. No me diga en la cara que miento, porque acá de todos los argumentos que dijo usted, la mitad son mentiras”. Ese clima de enfrentamiento llevó a la fiscal a tomar licencia médica y ser sustituida por Ithurralde.
Penadés permaneció en prisión preventiva en la cárcel de Florida, aunque brevemente obtuvo arresto domiciliario. En declaraciones recientes al semanario Búsqueda, el exsenador insistió en su inocencia. “Mi obsesión permanente era no enfrentarme mañana a una situación como esa”, afirmó sobre la posibilidad de haber mantenido relaciones con menores.
Consultado sobre si pedía la cédula de identidad a las personas con las que se vinculaba, respondió: “¿Dónde se ha visto? Una persona de 14 años, te das cuenta que es diferente a una de 18”.
¿Qué pasa después de la acusación?
La fiscal Ithurralde evalúa ahora qué delitos incluirá finalmente en la acusación. Según fuentes del caso citadas por Martini, la magistrada presentará los cargos “en los que tiene pruebas más firmes”. En la audiencia de control de acusación se definirá qué pruebas se aceptan y cuáles se descartan de cara al juicio oral, que estará a cargo de un magistrado distinto, que no será el juez de garantías.
A dos años de la formalización, el expediente suma más de 14 víctimas identificadas. Se prevé que este miércoles 8 de octubre, la fiscal Ithurralde presente la acusación ante la jueza de garantías Marcela Vargas. Se espera que la acusación fiscal solicite la máxima pena prevista por la ley para los delitos que se le imputan: 16 años de cárcel, según informó el periodista Eduardo Preve en La Tapadita para Nada que Perder.
La fiscal basará gran parte de su acusación en la Ley 17.815 y sobre todo en el artículo 4, que pena la retribución o promesa de retribución a menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. A su vez, el artículo establece una pena de dos a 12 años de penitenciaría.
Sin embargo, a la pena de 12 años establecida por la ley se deben adjuntar agravantes y la comisión de delitos en reiteración real, lo que alcanzaría para solicitar los 16 años de privación de libertad.