La jefa de la sección Notarial del Ministerio de Defensa, Sonia Pintos, se encuentra entre las seis personas imputadas en el caso de trata de 28 venezolanos en el departamento de Artigas, Uruguay. La banda los reclutó para trabajar en canteras de piedras semipreciosas, reteniéndolos en condiciones de explotación laboral.
La fiscal Sabrina Massaferro solicitó la imputación de seis personas por asociación para delinquir y trata de personas. La situación involucra a Sonia María Mora Pintos, una funcionaria de Defensa de más de 30 años de antigüedad, designada en 2023 como jefa notarial de la cartera.
Según consta en el pedido de formalización al que accedió M24, las víctimas fueron captadas a través de una publicación de oferta laboral en Telegram, donde una mujer que se presentó como psicóloga de la empresa, engañó a los trabajadores venezolanos. Les ofrecieron empleo en Uruguay, asegurándoles alojamiento, comida, seguro médico y wifi, con un sueldo de entre entre 1500 y 2000 dólares mensuales por ocho horas diarias.
El grupo de migrantes de la ciudad de Anaco, aceptó la oferta y llegó a Montevideo en enero. Fueron recibidos por Mora Pintos, quien se presentó como la abogada de la empresa. Junto a otra persona imputada, les ofrecieron a las víctimas un almuerzo en un club de Pesca y los enviaron a la terminal de Tres Cruces para emprender el viaje hacia el norte del país.
Luego la funcionaria les retuvo los documentos y les hizo firmar una declaración jurada y un contrato sin poder leerlo. Los trasladaron a una cantera en Artigas, donde trabajaron 12 horas diarias por un salario de 250 dólares, aunque terminaron percibiendo 180 tras el descuento de comida, seguro e internet.
Las víctimas, al percatarse de la explotación laboral, comenzaron a reclamar, y algunos fueron enviados a otras ciudades con falsas excusas. Se les cortó el acceso a wifi para evitar la comunicación, y las condiciones de explotación llevaron al temor y a sentirse privados de su libertad.
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