Cantidad de mujeres presas aumentó 124 %: hacinamiento "crítico" y vidas marcadas por la violencia
"La mitad de las mujeres están en prisión por delitos vinculados a las drogas y el porcentaje se ha incrementado en los últimos años de manera exacerbada", dijo Paula Lacaño.
En enero de 2020 había 635 mujeres privadas de libertad. Sin embargo, los datos de agosto de 2025 muestran que esa población aumentó a 1422, más del doble de antes que se aprobara la Ley de Urgente Consideración (LUC), en julio de 2020. De esta forma, la población femenina en prisión tuvo un aumento de 124% entre enero de 2020 y agosto de 2025, según se desprende de un pedido de acceso a la información pública realizado por M24.
A su vez, los datos manejados por la bancada oficialista muestran que entre un 10% y 15% de mujeres que ingresaron al sistema carcelario entre 2020 y 2025 fue por microtráfico y, en lo que va de 2025, 50 mujeres han sido procesadas con prisión por este delito.
La periodista Alejandra Couto, para su informe de Nada que Perder, se contactó con la directora del Departamento de Género y Diversidad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Paula Lacaño, quien destacó que el incremento de mujeres privadas de libertad está relacionado con el aumento de los delitos relacionados a las drogas. “En Uruguay, la mitad de las mujeres están en prisión por delitos vinculados a las drogas y el porcentaje se ha incrementado en los últimos años de manera exacerbada”, explicó.
Lacaño especificó que la LUC modificó la normativa aumentando la pena por microtráfico y también limitó determinados beneficios procesales. “Se aumentó la pena y se restringieron los beneficios procesales, que permiten el acceso al estudio o la salida anticipada por buena conducta. Esta política punitiva en torno al tráfico de drogas impacta de forma desproporcional en las mujeres”, explicó.
En ese sentido, señaló que el perfil de las mujeres privadas de libertad, según lo que se ve en entrevistas y trabajo en territorio, es de mujeres pobres, jóvenes y con hijos a cargo. “Muchas están marcadas por la violencia de género, por situaciones intrafamiliares y de abuso sexual”, aseveró.
Por otro lado, Couto se contactó con Gabriela Basetti, funcionaria del INR, quien denunció que “las cárceles están hechas para hombres, no para mujeres”. “La primera necesidad de las mujeres es la salud mental, porque vienen con una desigualdad de género persistente y una trayectoria vital marcada por la violencia”, contó.
“Es una población que viene castigada y que le es difícil asumir que tiene una problemática de consumo. Si bien viene castigada de la sociedad, ahí adentro no quiere ser más castigada”, especificó.
En tanto, la asesora en política penitenciarias del Ministerio del Interior, Ana Vigna, advirtió que las principales dificultades vinculadas al encarcelamiento femenino están asociadas a los “altísimo niveles” de hacinamiento que se presentan en las unidades. “Esto es consecuencia del aumento de la población privada de libertad femenina de estos últimos cinco años”, señaló en diálogo con Couto.
En ese sentido, contó que la Unidad Nº5, que es la principal cárcel de mujeres del país, tiene niveles de hacinamiento del 175% que son “sumamente críticos”. “También hay dificultades importantes en todas las unidades del país que albergan mujeres, donde la capacidad locativa está agotada”, precisó.
Proyecto de ley busca atender esta problemática
Diputados frenteamplistas presentaron un proyecto de ley con el que se busca modificar la Ley de Estupefacientes y quitar la pena mínima de cuatro años prevista para quienes ingresen drogas a las cárceles, establecida en el polémico artículo 74 de la LUC del gobierno de Luis Lacalle Pou.
El artículo establece una pena de entre cuatro a 15 años de cárcel cuando el delito de microtráfico sea cometido en las inmediaciones o en el interior de “un establecimiento sanitario o de enseñanza, hospitales, cárceles o sedes culturales, deportivas o sociales”.
En la exposición de motivos del documento presentado por los diputados de Frente Amplio, se denuncia que la modificación incluida en la LUC tuvo un “impacto significativo” en el sistema carcelario, particularmente en la vida de mujeres privadas de libertad. “El número de mujeres encarceladas por esta causa se disparó y el hacinamiento de esta población aumentó significativamente”, establece.
El diputado frenteamplista Alejandro Zavala, uno de los promotores de la iniciativa, explicó a M24 que el proyecto presentado busca derogar lo impuesto por la LUC en este apartado y retornar al anterior sistema, donde el ingreso de drogas a las cárceles era “considerado solo como agravante”. De esa forma, cuando ese delito sea constatado se puede recurrir a penas alternativas.
“El artículo 74 tuvo un impacto importante en el número de mujeres privadas de libertad. En general son mujeres pobres quienes intentan ingresar pequeñas dosis de marihuana a las cárceles”, explicó el representante. En ese sentido, detalló que las mujeres que cometen este delito “están condicionadas y bajo violencia simbólica” y que sus contextos determinan que no sea una “decisión libre” intentar ingresar droga a las cárceles.