Seis de los siete candidatos solicitaron en conjunto una audiencia con el presidente Orsi. La candidata blanca a la reelección Ana Bentaberri no acompañó la iniciativa.
Este sábado se realizó una convocatoria multipartidaria en el Instituto Cultural Español de la capital departamental de San José. Allí se reunieron candidatos a las elecciones departamentales del Partido Nacional (PN), del Partido Colorado (PC), del Frente Amplio (FA) y de la Unidad Popular (UP) para expresar su rechazo al proyecto Neptuno, que potabilizará agua del Río de la Plata en la localidad de Arazatí, ubicada en San José.
Por parte del FA concurrieron María Noel Battaglino, Federico Diana, y una representante de Ofelia Umpiérrez. En el caso del PC concurrió su candidato Alfredo Lago, en representación de la UP lo hizo Darío Camilo, y por parte del PN estuvo Rubén Bacigalupe. Los firmantes también solicitaron una audiencia con el presidente Yamandú Orsi para conversar del asunto. La propuesta no contó con el respaldo de la candidata nacionalista a la reelección, Ana Bentaberri.
Los aspirantes a la Intendencia de San José manifestaron su rechazo al Proyecto Neptuno-Arazati “independientemente del resultado electoral y en las condiciones planteadas al día de la fecha”, señala la declaración consignada por el portal El Zumbido. “Los científicos de la Universidad de la República” estudiosos del Río de la Plata y de otras disciplinas, “han publicado y expuesto en todos los ámbitos donde fueron requeridos sobre los graves perjuicios que significa extraer agua en Arazatí”, indican.
Entre estos aspectos nombran los altos períodos de salinidad, de floraciones de cianobacterias, el riesgo de daño irreversible al acuífero Raigón por construcción de un pólder. También los daños ambientales que generará en la zona el depósito de lodos posterior al tratamiento de las aguas, la pérdida definitiva de tierras consideradas de las más productivas del país, y la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
Por otra parte, “el costo de la obra realizada por empresas privadas, sería como mínimo 3 veces superior al de la misma obra si fuera realizada por el Estado”, advierten. Si lo anterior “fuera considerado insuficiente, el contrato es nulo por tener un objeto ilícito”. Su inconstitucionalidad está dada por ser un contrato contrario “al artículo 47 de la Constitución de la República”, sentencian.
Inicio