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Deterioro institucional

Bettiana Díaz desde Ecuador: Noboa consiguió una victoria “al borde de la legalidad” pero la diferencia con González parece “irreversible”

La senadora frenteamplista integró el grupo de observadores del Parlasur durante el balotaje ecuatoriano y puso énfasis en el “deterioro institucional” durante las elecciones.

La senadora frenteamplista e integrante del Parlasur, Bettiana Díaz, expresó en diálogo con La Rosca que el contexto de las elecciones ecuatorianas parece ser más relevante que lo ocurrido el domingo del balotaje. Los datos del Consejo Nacional Electoral dieron vencedor al presidente Daniel Noboa con el 55% de los sufragios frente al 44% de la opositora, la izquierdista Luisa González.

Desde su experiencia como observadora de las elecciones ecuatorianas -estuvo también en 2021- Díaz observó un “claro deterioro” institucional, con situaciones que complejizaron el proceso electoral: “creo que es más importante el contexto que el conteo de votos: si tengo al presidente repartiendo 500 millones de dólares en bonos, llamando a votar a la población mayor para preservar las pensiones, asustando a la gente con no salir a las manifestaciones porque se pueden allanar o meter presa a la gente y, además, trabajando sobre el miedo a la vuelta del correísmo, hay algunas cosas que tienen más que ver con la previa que con el conteo que, hay que decirlo, la diferencia es de más de un millón de votos”.

“Noboa tiene conductas que son violatorias del Código de la Democracia, el nuevo cuerpo normativo que tiene Ecuador en 2020”, dijo la legisladora. Como ejemplo, recordó que la norma dice que el presidente puede presentarse a la reelección, pero debe pedir licencia, algo que Noboa no hizo. Por otro lado, recordó que Noboa sacó a la vicepresidenta y “nombró a una que se le antojó a él”. Además, extendió el mandato de las autoridades electorales y permitió cambios en la justicia electoral. “Todo esto decanta en que, caminando al borde de la legalidad, no tiene ningún tipo de sanción”.

A todo esto, sumó el estado de vigilancia estatal, con suspensión al derecho de reunión, prohibición de comunicaciones, fronteras cerradas, posibilidades de allanamiento a sedes partidarias.