Asociación de Funcionarios Judiciales elevará al Gobierno su propuesta para dejar sin efecto los desalojos decretados

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay presentó una iniciativa motivada en el acaecimiento de la pandemia del coronavirus y la declaración gubernamental de situación de emergencia nacional.

Según el comunicado, consideran que esta situación ha originado infinidad de pérdida de puestos de trabajo; cierre de pequeños y medianos comercios; un aluvión de personas en el seguro de paro; el cierre de las escuelas y liceos; el descenso abrupto del uso de los medios de transporte; la limitación en materia de actividades de los uruguayos en diferentes ámbitos como el sector de personas que trabajan en espectáculos, cines y teatros y espectáculos deportivos; la afectación que ha padecido el sector turístico, el cierre de muchos bares y restaurantes y una suma de nuevas realidades de difícil abordaje.

Ante esto, estiman necesario, para evitar males mayores para este sector de la sociedad referido a trabajadores dependientes de ingresos fijos o independientes que se han visto menguados sus ingresos o, sencillamente, han desaparecido y evitar así su desprotección ante acontecimientos que no pueden controlar, como son los derivados de los atrasos del pago de los arriendos o las cuotas de sus créditos; buscar una salida legal para permitir que puedan rehacer su situación, alcanzando la solución a dichos problemas antes de que acaben en un estadio generalizado de problemáticas que luego se tornen insalvables con el consiguiente descenso del nivel social.

El proyecto de ley consta de dos artículos, en el primero plantean suspender los lanzamientos decretados en procesos de desalojo iniciados desde el primero de noviembre de 2019 y aquellos que se fijaren durante el año 2020 para los contratos de arrendamiento de casa – habitación cuyo precio de arriendo no sea superior a $ 25.000 (veinticinco mil pesos uruguayos) y hayan sido iniciados o se promuevan por las causales de vencimiento de contrato o falta de pago de arriendos.

El plazo de suspensión será hasta el 31 de diciembre de 2020 e incluirá a los procesos de desalojo iniciados con fecha posterior a la finalización de la Feria Judicial Sanitaria 2020.

En el artículo dos, plantean que se suspendan los procesos de ejecución para el cobro de créditos inferior a $100.000 al momento de la generación de la deuda en aquellos procesos iniciados al primero de noviembre de 2019 o que sean iniciados con fecha posterior al cese de la Feria Judicial Sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2020.

Agregan que quedan excluidos de la suspensión los procesos en los que se persiga el cobro de pensiones alimenticias y los procesos por cobro de créditos laborales.

En comunicación con INFO24, Pablo Elizalde representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) dijo que el texto fue presentado en el parlamento a la bancada frenteamplista y que prevén hacerlo extensivo a los otros partidos políticos, incluso dijo no descartan elevar la iniciativa a autoridades de gobierno.