El Gobierno tiene la obligación de garantizar a los periodistas el ejercicio de su derecho a la libertad de prensa “sin restricciones” y también el respeto al libre ejercicio de la labor periodística, apuntó Amnistía Internacional en la previa del reporte sobre Derechos Humanos que elabora la ONU.
La representación de Amnistía Internacional en nuestro país alertó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre dos aspectos: cárceles y restricciones a la libertad de expresión. Lo hizo durante la sesión previa al Examen Periódico Universal que anualmente se organiza en Ginebra, Suiza, previo al examen oficial de los países que comenzará el 1º de mayo.
Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay, recordó en diálogo con La Diaria que nuestro país aceptó las recomendaciones de años anteriores, pero tiene un problema estructural que “empeora cada vez más” en materia carcelaria. Pérez ejemplificó que el sistema carcelario uruguayo “sufre una elevada densidad de hacinamiento, que ha alcanzado 120% desde el último examen”.
Reducir el hacinamiento en las prisiones y garantizar el acceso a oportunidades de rehabilitación e integración para las personas privadas de libertad, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por organizaciones nacionales e internacionales, está entre las preocupaciones de los miembros del Comité.
Libertad de prensa y derecho al acceso a la información pública, en el debe del Gobierno
Pérez también indicó que Amnistía Internacional manifestó su preocupación por las limitaciones al derecho al acceso a la información pública, punto que tiene alto impacto en la transparencia del Estado. Uruguay cayó 26 puestos en la lista de países del Ranking de Reporteros sin Fronteras y este dato está en el informe
También rememoró la preocupación que el Comité de la ONU marcó en julio de 2022 por el aumento de la persecución penal y las amenazas a periodistas. Hay un “clima más de amenazas o de interpelar las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del periodismo, sobre todo de parte de autoridades, entonces también instamos a los países a que pudieran hacer las recomendaciones a Uruguay, en un tema que, a priori, en general, no se identifica”.
Es “preocupante” que, a 15 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, los plazos de respuesta sean incumplidos, se conteste de forma incompleta o incluso con “el silencio positivo por parte de los sujetos obligados”. Durante la pandemia, por ejemplo, Amnistía identificó en 2023 obstáculos para acceder a información clara y precisa sobre la gestión y la calidad del agua potable durante la seca histórica.
La solicitud incluyó que el Gobierno “garantice” a los periodistas el ejercicio de su derecho a la libertad de prensa “sin restricciones” y también el respeto al libre ejercicio de la labor periodística. Además, planteó que el país debe establecer procedimientos para el acceso efectivo y oportuno a la información, y proporcionar proactivamente información de interés público.
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