El alcalde de Rincón, Eduardo González, fue consultado por una faltante superior a 10 millones de pesos y un desfasaje de 3,6 millones de pesos en el presupuesto del municipio olimareño, que justificó por el atraso en la digitalización de la documentación en el sistema.
Los informes del Tribunal de Cuentas daban un desfasaje económico en el presupuesto de 2023. Eran unos 15 millones de pesos de diferencia entre gastos y los comprobantes. Luego de seis meses de denuncias por parte de los ediles frenteamplistas de Treinta y Tres, la respuesta de la Intendencia fue un “ajuste” para la “conciliación” de los asientos contables y bancarios.
Fue con unos 12 millones de pesos del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, recursos que anualmente entrega la OPP, y 2,5 millones de pesos en gastos de funcionamiento. Sobre este último, indicó el reporte publicado en Búsqueda este jueves 26, se asentó así por “facturas presuntamente canceladas pero sin registro de pago en el sistema contable”.
Estos ajustes se encuentran en el rubro “otras pérdidas de la Operación” en el presupuesto 2023 para “reflejar la falta de detalle en los registros y gastos correspondientes, asegurando así la integridad del resultado del ejercicio y sin engrosar de forma ficticia el resultado acumulado”.
Pero la respuesta no fue satisfactoria para los ediles frenteamplistas. Y un informe del economista del Centro Regional de Paysandú de la Universidad de la República, Gastón Núñez Villarino, dimensionó el problema: “está ajustando tranquilamente 15 millones de pesos en un municipio que tiene un presupuesto de 30 millones de pesos”, sin comprobantes que lo respalden.
Al hacerlo de la forma en la cual se asentó en el presupuesto, añadió Villarino, “la propia intendencia dice que lo que indicó en la Rendición de Cuentas no tiene manera de demostrarlo”.
Actualmente hay una auditoría en curso por el Tribunal de Cuentas y una investigación administrativa de la Intendencia de Treinta y Tres. En base a esas conclusiones, adelantó el semanario, los ediles frenteamplistas analizarán próximas acciones que podrán ser administrativas, políticas e incluso penales.