Verónica Alonso: Me opongo a que el paro sea la medida para expresar un montón de reivindicaciones

Entrevistada en Intercambio la senadora y precandidata presidencial del Partido Nacional, Verónica Alonso, habló sobre sus divergencias con algunas reivindicaciones feministas, con otras iniciativas sociales y con leyes vigentes relacionadas a avances en derechos culturales y económicos.

La semana pasada, la Intersocial Feminista envió una carta a todos los precandidatos presidenciales de todos los partidos políticos con sus principales reivindicaciones pendientes de realización, y les pidió que se pronuncien al respecto, ante lo que algunos postulantes adhirieron al contenido de la misiva y otros no, entre éstos Alonso.

Si bien a la legisladora blanca le parece “buenísimo que mujeres estén allí representadas”, dijo en referencia al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, organismo de conducción sindical con el que se reunió días atrás, “no estoy de acuerdo con un paro” general de mujeres el 8 de Marzo por el Día Internacional de la Mujer, explicó.

“He acompañado a la Marcha” que los colectivos feministas hacen cada 8 de Marzo “en varias oportunidades”, porque “más allá de las visiones” diferentes que tiene con ellos desde “el punto de vista ideológico, todas coincidimos en que hay que trabajar contra la desigualdad” en general, “la desigualdad laboral” y “la violencia de género”.

“Pero no comparto que se haga un paro” porque con esta acción gremial “estamos afectando el bolsillo de todos los uruguayos” y especialmente “de los trabajadores y trabajadoras”, aseveró. “Me opongo a que el paro sea la medida para expresar un montón de reivindicaciones”, resumió al respecto.

En cuanto al “segundo planteo que hace la Intersocial” Feminista, reclamando “que si mañana asumimos el gobierno, no frenar determinadas iniciativas, tampoco estoy de acuerdo”, aclaró Alonso. Si fuera electa presidenta, a “varias” leyes vigentes impulsadas por el Frente Amplio “las modificaría o cambiaría, otras hay que ver”. Entre lo que seguro eliminaría, se encuentran varios artículos “de la Ley de Marihuana”, adelantó.

La legisladora ratificó lo que expresó al Secretariado de la central sindical en cuanto a su intención de eliminar lo que entiende es un “cogobierno” de los sindicatos en el país desde 2005. Reivindicó su “derecho a creer que fue así” en función de “una infinidad de situaciones” y de “señales muy claras de que (los sindicatos) han sido un brazo del propio gobierno”. El movimiento sindical “tiene que seguir defendiendo su finalidad y su competencia” en materia de remuneraciones y empleo, “lo que cuestiono es en muchos casos haber generado conflictos” en las empresas, precisó.

“La central sindical es una de las responsables de tener acobardados en muchos casos a los que producen, a los que emprenden”, aseveró, añadiendo como una prueba de su aserto el caso de “UPM” con el proyecto de instalación de su segunda fábrica de celulosa: “una de las condiciones que el gobierno les da es la paz sindical, porque saben que esto” implica un problema para la inversión.

“Creo que las ocupaciones afectan y atentan” contra la radicación de empresas e inversiones, si bien “el derecho a la huelga” es totalmente legítimo. “Para mí, ocupar ya implica violencia, ocupar es un acto violento”, siendo algo que “está permitido para lo privado y no para lo público”, criticó la senadora blanca.

Agregó que “en todos los casos” de ocupación de empresas en que estas presentaron recursos de amparo ante el Poder Judicial, “la justicia mandó desocupar inmediatamente”. Esto se repite porque “las ocupaciones están mal” y son causa de que “muchos” empresarios, “si no cerraron, están pensando en cerrar” o en evitar incorporar más personal, afirmó.

La precandidata también explicó que “defiendo los Consejos de Salarios” en virtud de que “no hay herramienta mejor para los salarios”, pero “hay que mejorarlos” en función de la gran heterogeneidad de empresas y situaciones en cada una.

Asimismo, postuló, “hay que terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos”, aun estando solo “el 18%” de ellos en régimen de inamovilidad relativa. “Si lo hicieron blancos y colorados, está mal, le hace mal” a los propios funcionarios, sostuvo Alonso.