Vallcorba: más de un millón de personas pudieron acceder al sistema financiero en condiciones de gratuidad por la Ley de Inclusión Financiera

Entrevistado en InterCambio el coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, habló de los beneficios económicos y sociales de la Ley de Inclusión Financiera, reseñó su génesis y explicó por qué la derogación de sus obligatoriedades implicaría un retroceso para una gran mayoría de personas y empresas.

En esta semana, el actual diputado y electo senador por el Partido Nacional Jorge Gandini confirmó en entrevista con este programa que el acuerdo programático de la opositora ´coalición multicolor´ incluye la decisión de derogar las obligatoriedades que marca la Ley de Inclusión Financiera.

Consultado Vallcorba al respecto, pronosticó que de confirmarse esa eventualidad habría “un retroceso”, especialmente “para el trabajador”. Para explicar por qué, el jerarca primero reseñó los “dos grandes objetivos” que el gobierno del Frente Amplio se propuso alcanzar con la norma.

Uno de ellos fue “universalizar el acceso al sistema financiero”, cuyo diseño en gobiernos de “los partidos tradicionales (…) se concentraba en las grandes empresas (…) y hogares de mayores ingresos”. Esto dejaba a “enormes sectores excluidos” y hubo una apuesta a “superar esa barrera”.

El “segundo objetivo” de la Ley fue “modernizar el sistema de pagos”, que estaba casi exclusivamente “basado en el uso de efectivo y cheques”.

Su aplicación en este quinquenio ya “ha logrado avances sustantivos en esas dos áreas”, comenzando por “más de un millón de personas” que pudieron “acceder al sistema financiero en condiciones de gratuidad”.

Esas condiciones habilitan la realización de “hasta 8 transferencias gratuitas por mes” y el sistema ya incorporó a “más del 40% de la población mayor de 15 años” de edad. “Y a nivel de empresas también” creció hasta “prácticamente 40.000 empresas” que pueden “acceder a una cuenta gratuita”. Así, “el objetivo de universalización se ha logrado”.

Luego Vallcorba detalló determinados beneficios sobre opciones de gestiones y adelantos de sueldo sin costo y también de operaciones gratuitas de ahorro en cantidades pequeñas. Asimismo describió el gran avance en medios electrónicos de pago y en uso de tarjetas de débito.

Después desmintió rotundamente y con información precisa, ciertos “mitos” instalados mediáticamente acerca de “la DGI” como una suerte de “´gran hermano´” que controla información económica de los ciudadanos.

Lo que esos mitos esconden, en realidad, es el rechazo interesado al “avance contra el comercio informal, contra la evasión tributara y contra la competencia desleal” comercial logrado en virtud de esta Ley moderna.

A continuación, el entrevistado recordó los escasos capítulos de la Ley que suponen obligatoriedad, como sucede en el caso de “los bancos”, que deben “brindar un servicio de manera gratuita (…) y a todos” los usuarios.

Un “segundo grupo” de procedimientos obligatorios remite al “pago de salarios”, que efectivamente “se tiene que hacer por medios electrónicos” para que el Estado pueda “combatir la informalidad en el mercado de trabajo” con mayor eficacia y progresividad, subrayó el economista.

Con esta obligatoriedad, por un lado “se genera mejor información” y por otro, “se aumenta la penalización para el patrón que mantiene al trabajador en negro”, partiendo el gobierno de la premisa de que “un trabajador informal es un trabajador que no tiene derechos” varios, que recordó.

En rigor, esa obligatoriedad permite que “los derechos se puedan ejercer” y no queden en el papel, a diferencia del “programa opositor” porque éste “esconde” el hecho real de que “el mundo del trabajo es muy asimétrico” en favor “del empleador” y en obvio detrimento “del trabajador”, destacó.

El cambio de “´deberá´ por el ´podrá´”, referido a la supuesta opción para cobrar el salario en una cuenta bancaria y escrito en el programa opositor, “va a implicar un retroceso” para el trabajador porque retrotraerá la situación al periodo anterior a la vigencia de esta Ley. “El trabajador, antes de la Inclusión Financiera no elegía, elegía el patrón”, recordó al respecto.

Vallcorba también puntualizó otro supuesto que “es falso”. A saber, “la Ley no obliga al trabajador rural (…) ni al trabajador que vive” en una localidad “de menos de 2.000 habitantes, a cobrar por medios electrónicos”. “Ha habido una campaña de desinformación muy grande”.

Otro beneficio de la Ley de Inclusión Financiera, apuntó el entrevistado, es que “quienes cobran pensiones alimenticias tienen derecho también a tener un medio de pago electrónico y gratuito”, y que sea seguro y verificable.

Y el otro capítulo obligatorio refiere a “operaciones de montos elevados”. Las que son “por más de 5.000 dólares no se pueden hacer en efectivo”, para fortalecer las políticas de control anti-lavado de activos. Se trata de endurecer el control “cuando está en duda cuál es el origen de ese dinero”.

Este objetivo es “transparentar la opacidad que caracterizó al Uruguay del pasado” en materia financiera y aledaños, apuntándose a seguir los mejores y más eficientes procedimientos de “los países más avanzados, más serios, más transparentes” en la materia, cuyas legislaciones “limitan el uso de efectivo incluso para montos más bajos” que los fijados en Uruguay.