Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep: no está bien usar la educación para negocio

Entrevistado en InterCambio el secretario general del Sintep, Sergio Sommaruga, habló sobre la enseñanza privada tanto en sus aspectos laborales como pedagógicos y explicó las principales conquistas de los trabajadores del sector como resultado de la lucha sindical y la negociación colectiva en el marco de los Consejos de Salarios.

Sommaruga señaló que la educación privada en nuestro país “tiene una composición muy heterogénea”. “Existe previamente a que exista el Uruguay”, por lo que tiene “un anclaje histórico largo” y también “a lo ancho” de la República presenta “una diversificación muy importante” que abarca desde los institutos de “idiomas” y de manejo de vehículos hasta “los CAIF” y los colegios, entre varios otros tipos de entidades, describió.

En el sector trabajan “unos 30.000 asalariados” entre “toda la línea de actividades”, desde la docencia hasta el mantenimiento y la administración, entre otras funciones y tareas. Esa amplitud implica una significativa “diferencia que tenemos con la mayoría de sindicatos de la enseñanza pública”, que representan exclusivamente a los docentes “con la excepción de AFUTU”, que nuclea a docentes y no docentes por igual, destacó.

“También la composición” del Sintep “refleja una heterogeneidad social”, ya que mientras “trabajamos para el sector del 1% más rico de la sociedad” cuyos hijos se forman y capacitan en determinados colegios, “a su vez trabajamos con los CAIF que están en la periferia más profunda de Montevideo y el Interior” del país, graficó el dirigente sindical.

“Estudiar” mucho para “conocer” con solvencia esa gran heterogeneidad social, es una condición ineludible para poder representarla a nivel gremial. El Sintep “tiene unos 330 núcleos de base y unos 5.500 afiliados” en todo el territorio nacional.

Si bien “no podemos hacer lecturas homogeneizantes” para actuar en el plano de la lucha sindical, “eso no impide encontrar vasos comunicantes” y uno de ellos consiste en que “es un sector en el que hay precarización laboral” en casi todos sus subsectores, precarización que adopta “una forma de expresión concreta en una Universidad” y otra “en un CAIF”.

“Un elemento de la precarización es la inestabilidad laboral”, por ejemplo mediante el uso de “contratos a término” por las empresas, modalidad que además supone la “desvalorización del trabajador como una mercancía” más, con las subsiguientes secuelas de “patologías sociales, estrés” y otras. Predominan “patronales muy duras”, con las que no es fácil negociar.

Recién en la última ronda de Consejos de Salarios “eliminamos” los contratos a término, que ahora “solo pueden” ser usados “por una única vez” sin opción a repetir al año siguiente, con lo cual los trabajadores deben ser incorporados a las plantillas de personal. “Encubre una relación de dependencia”, resumió el entrevistado respecto de ese tipo de contrato.

A continuación criticó “la dualidad del Poder Judicial” para dictar sentencias referidas a relaciones laborales de dependencia en distintas situaciones, cuando sobra evidencia de que aquella modalidad es “un mecanismo de apropiación de derechos salariales”. “Esta forma de contratación es chatarra, precariza y desprofesionaliza”, fustigó.

Denunció que hay “instituciones” educativas privadas de tan mala calidad, que su existencia se explica solamente por “la falta de controles” del Estado, en tanto que otras son “instituciones muy serias que trabajan muy bien” y esto también habla de la gran “heterogeneidad” del sector.

Para ilustrar los niveles salariales más bajos del rubro, el docente y sindicalista contó que la lucha y la negociación colectiva resultaron en un aumento del laudo mínimo sectorial desde unos “15.000 pesos” nominales hasta unos “18.000 nominales para 48 horas semanales” de labor.

Aún después de lograr esos incrementos en la última ronda de Consejos de Salarios, actualmente “un colegio puede pagarle a un maestro, por 20 horas, 16.000 pesos”, ya que “ese es el laudo”, el piso de la categoría. Pero más allá de salarios bajos, la lucha paga y otra conquista reciente es “la prohibición de despido de trabajadoras embarazadas” y “en lactancia”.

Son muchas entonces las razones para no dudar de que los asalariados y trabajadores en general “tenemos que resistir los intentos de eliminar los Consejos de Salarios”, objetivo que desde el año pasado vienen proponiendo varios asesores destacados de patronales y de precandidatos presidenciales de partidos tradicionales.

Sommaruga desarrolló asimismo una crítica severa y consistente a proyectos educativos como el Liceo Impulso, que solamente seleccionan “capital social” para conformar su alumnado dejando fuera a los niños y jóvenes que no les sirven y que son incluidos por la Educación Pública.

También lamentó los beneficios fiscales que aún gozan en Uruguay las empresas de educación privada. “El 72% de la exoneración tiene que ver con IVA, facturación e IRAE que las empresas no pagan” y que suma aproximadamente 200 millones de dólares anuales.

Esa cifra es mayor que “el presupuesto” de varios Ministerios como el “de Trabajo” y Seguridad Social, el “de Educación y Cultura” y el “de Ganadería”, Agricultura y Pesca, apuntó.

Además la enseñanza privada habilita otro fenómeno muy negativo por el cual muchas familias y padres, en función de que pagan, se arrogan el derecho de presionar a los institutos para que les suban las calificaciones a sus hijos por la vía del cuestionamiento a las evaluaciones pedagógicas.

No está bien usar la educación para negocio” porque esto daña a todos los actores de la sociedad, empezando por los alumnos que están formándose, sintetizó el secretario del Sintep.