Propiedad colectiva: el cooperativismo para acceder a la vivienda se expande por América Latina

En el viejo continente las ciudades se han vuelto más caras y segmentos de la población que antes lograban ‘cumplir el sueño de la casa propia’ se han visto limitados. En América Latina, donde los sectores poblacionales de bajos y medianos ingresos representan porcentajes más grandes de la población, el cooperativismo es, en algunos casos, la única solución habitacional.

Si de cooperativismo para la vivienda se trata, el caso de Dinamarca es uno de los más paradigmáticos y antiguos. Ya a fines del siglo XIX los grupos de trabajadores comenzaban un modelo que hoy está extendido y naturalizado en la nación europea. En su capital, Copenhague, cerca del 50% de las viviendas son de cooperativas.

Tanto allí como en Uruguay, el país de América Latina con normativas y organizaciones de más trayectoria, las hay de propietarios y de usuarios. Aunque en ambos países son más populares las últimas.

En Uruguay este concepto es la bandera de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). La agrupación nuclea a más de 500 cooperativas en todo el país, que representan a unas 25.000 familias.

Todas ellas bajo el modelo de ‘ayuda mutua’, que implica que los socios trabajan en la construcción de la cooperativa como forma de aporte inicial. Un aporte que se calcula en 15% del valor de la edificación. El 85% restante lo presta el Estado, gracias a una ley de 1968 que posibilitó el fortalecimiento del modelo.

“Esa ley creó las cooperativas de ayuda mutua. Esto implica que los trabajadores que no tienen una forma de poner un capital para empezar una obra, aporten mano de obra benévola. De un 100% (del costo de la obra), el 15% lo otorgan con ayuda benévola, es decir, con mano de obra de los trabajadores”, explicó a Sputnik Sergio Segredo, Integrante de la Dirección Nacional de Fucvam y miembro de la Secretaría de Comunicación.

Nacida en 1970, la Federación ha sido una guía histórica de los grupos afines a la cooperativización. De acuerdo a sus estimaciones, la construcción promedio implica unos dos años de trabajo con una carga horaria de unas 21 horas semanales por familia que trabajan en la totalidad de las viviendas y no en la suya propia, puesto que tal concepto no existe en este sistema.

Las unidades son sorteadas al final de la construcción y nunca se convierten en propiedad de una persona. En cambio, los socios tienen el derecho de uso y goce del inmueble, que puede heredarse o retornar a la cooperativa, pero no venderse o rentarse. La base del modelo es la propiedad colectiva.

“Todos dicen ‘tenemos nuestra casa’, pero en realidad en la cooperativa son nuestras casas. La cooperativa nos las da para uso y goce. Eso implica cuidar la vivienda como un bien de todos. Nadie trabaja para su casa, todos trabajamos para todos”, apuntó Segredo.

La financiación de los proyectos se hace a tasas más bajas que las del mercado y en plazos de hasta 25 años. Además, evitan costos de intermediación y cuentan con algunos beneficios tributarios. El modelo se ha exportado a otros países, entre los que el dirigente destacó Paraguay, Brasil y Bolivia.

Desde Bolivia incluso recibieron la visita de su ministro de vivienda al que asesoraron personalmente en su sede en Montevideo. En los últimos cinco años han surgido en el país altiplánico varios proyectos que se agrupan en el Comité Articulador de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua de Bolivia.