Ministro Bonomi: se fuerza la interpretación para decir que se está escuchando a las personas con El Guardián evitando la orden judicial; eso es mentira

Entrevistado en InterCambio el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló de su comparecencia en el Parlamento este martes 9, en donde detalló aspectos del caso Rocco Morabito y del sistema de escuchas telefónicas El Guardián.

Bonomi concurrió ayer al Parlamento por convocatoria del senador blanco Javier García, quien lo interpeló por la fuga de Morabito y el funcionamiento de El Guardián.

Del caso Morabito “dije de entrada” que sólo podía aportar públicamente datos “parciales” por estar “la investigación en Fiscalía”, aunque en realidad son “dos investigaciones” por dos aspectos diferentes del caso y están a cargo también de “dos fiscales”. Por lo tanto “tenemos un límite con la información” ya que el asunto está en plena investigación fiscal.

Reseñó la situación de Morabito desde “su captura en 2017 por delitos cometidos acá”, por los que “cumplió pena” y esto determinó luego que “él es un preso administrativo (…) a la espera de su extradición a su país”, proceso que lleva ya “casi dos años y todavía no se resolvió”.

Al ser un detenido administrativo “no puede estar junto con personas procesadas, formalizadas o penadas.

Entonces tuvimos que devolverlo a Cárcel Central” y después de esto “él pidió traslado a la Guardia Republicana, donde está González Valencia”. Para el Ministerio fue claro que “buscaba estar junto con él” y naturalmente “se le dijo que no (…) pero la prensa informó esto como que perdimos la oportunidad de trasladarlo”.

El ministro continuó relatando que “hubo otra situación de intento de fuga más reciente” y que por la misma razón de su condición de detenido administrativo, tampoco se lo pudo alojar en otro centro penitenciario.

Entonces “reforzamos la seguridad interna con dos integrantes de la Guardia Republicana” y simultáneamente procedieron a “acondicionar el Penal de Libertad (…) para trasladarlo sin incumplir la normativa”.

Más recientemente “aparecen cosas extrañas” en la órbita policial con “una denuncia en Fiscalía” por “malos tratos” en Cárcel Central junto a otro caso confuso relacionado con un funcionario. En función de ambos asuntos “la Fiscalía” dispuso retirar el dispositivo DVR del sistema de video-vigilancia y así “se cumple con una solicitud fiscal”, que lamentablemente “se da a partir de algo que es mentira”, justamente “para que retiraran las cámaras”.

Y al día siguiente se produce la fuga. Si bien al día de hoy “no puedo decir ´existió complicidad´”, también es cierto que “se presume complicidad” interna en la organización de la fuga. Toda la información que se maneja públicamente del caso “es una hipótesis de investigación de Fiscalía”.

El jerarca apuntó que “no hay cárceles inexpugnables” y así lo prueban casos como el de “Alcatraz”; las muchas veces vulneradas “cárceles de altísima seguridad de México”, de las que supo evadirse “el ´Chapo´ Guzmán”, así como lo pudo hacer en Uruguay “el ´Cotorra Loca´ (…) acompañado de un líder narco importante (…) por la puerta del Penal de Libertad”; como lo lograron los presos “tupamaros” del penal “de Punta Carretas” en el mes de “abril del ´72”. Y al citar éste ejemplo en el Parlamento “no comparé uno con otro” sino sólo se refirió a “las dificultades” inherentes a la administración y gestión “en cárceles”.

Por ahora “no podemos decir nada” dado que “el dueño de la investigación es la Fiscalía”, recalcó, y añadió que además hay en curso un “sumario” interno que “lo está haciendo la Dirección Nacional de Policía” y que constituye “otra línea” de trabajo investigativo.

Acerca de la utilización de El Guardián, Bonomi recordó que para ello “siempre tuvo que intervenir un juez (…) antes, autorizando” el respectivo procedimiento “y en este caso” además “poniendo la llave”, siendo que “la Policía no puede” hacerlo en ningún caso. Lamentó que haciendo oídos sordos a los fundamentos normativos y técnicos, desde la oposición “se fuerza la interpretación para decir que se está escuchando” a las personas evitando la orden “judicial”. Eso “es mentira”, puntualizó.

Recalcó que “es indispensable la participación de la justicia, que tiene que autorizar y dar la llave de la intervención telefónica”, tal como también “en el protocolo hay que indicar cuantas veces se utilizó” y el Ministerio del Interior “no puede” hacerlo por ser imposible, además de estar prohibido. “No se puede hacer”, remarcó respecto de la hipótesis de que la Policía escuche sin intervención judicial.

“El asunto de fondo es cuál es el carácter de la información que hay que dar” y en este sentido recordó “una auditoría” del sistema de escuchas realizada por “la Auditoría Interna de la Nación” después de que “el diputado (Germán) Cardoso” declarara a la prensa que “yo lo escuchaba”. Como el legislador no presentó la denuncia correspondiente, el ministro lo hizo. “Me denuncié a mí mismo” y el resultado investigativo fue nulo.