Graciela Barrera puso el foco en la capacitación policial y en la ausencia de protocolos para casos de salud mental tanto dentro como fuera de las cárceles.
La diputada del Frente Amplio Graciela Barrera presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior a raíz de dos hechos recientes que involucraron muertes en intervenciones policiales con personas con trastornos mentales. Uno ocurrió en el Hospital de Clínicas, cuando un hombre fue abatido por un policía tras una descompensación en la que habría amenazado con un porta suero. El otro, en Durazno, tuvo un desenlace similar con un joven cuya familia había solicitado asistencia para contenerlo.
Barrera explicó a Nada que perder que su planteo surge “por humanidad” y aseguró que estos episodios generan interrogantes fundamentales sobre los procedimientos utilizados por las fuerzas de seguridad y su preparación para actuar en situaciones de crisis.
En este sentido, se cuestionó si se agotaron todas las alternativas antes de usar la fuerza letal: “¿No había otra forma de disuadir a esa persona que no sea matándolo?”. Además, expresó preocupación por la formación de los efectivos policiales que intervienen en entornos sanitarios e hizo énfasis en la necesidad de instancias regulares de formación. “Me baso mucho en la capacitación porque creo que es lo que se necesita en todos los órdenes”, dijo.
En cuanto al uso de armas no letales, lamentó que en ambas situaciones no se hubiera utilizado otra herramienta para resolver la situación y, en el caso del Hospital de Clínicas, consideró que estar en un centro de salud fue un factor “agravante”.
En relación al caso de Durazno, afirmó que “cuando hay una persona que está enferma psiquiátricamente, no se sabe cómo actuar, no se actúa bien”. Para Barrera, lo esencial es evitar cualquier pérdida de vida: “Tenemos que partir de la base de que todo se puede recuperar menos la vida”.
Consultada sobre la implementación de la Ley de Salud Mental, que impulsa la no internación y la permanencia de los pacientes con sus familias, reconoció que aún queda mucho por hacer. Al respecto, afirmó: “no tenemos nada prácticamente”, a la vez que expresó que, muchas veces, las familias no encuentran apoyo suficiente.
La diputada también se refirió a la situación carcelaria y a la atención sanitaria de las personas privadas de libertad. En este sentido, observó que el sistema actual genera discontinuidad en los tratamientos médicos cuando un recluso es trasladado entre unidades gestionadas por distintos organismos. Mencionó que la historia clínica “queda por el camino”, por lo que pidió informes sobre la continuidad del sistema informático implantado en administraciones anteriores.
Durante una reciente visita a la Unidad N.º 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), observó que el polo industrial, antes activo, ya no funciona. “Hoy no hay nada”, declaró, a la vez que advirtió sobre una “mala distribución” de recursos en unidades como la de Juan Soler, con baja ocupación pero alta cantidad de funcionarios.
Además, la legisladora denunció que muchas familias de internos reclaman por el acceso a atención médica y por maltratos: “Hay muchas quejas de que no los sacaban cuando estaban enfermos”, mencionó y consideró que parte del problema radica en quiénes ejercen el control en las cárceles, ya que “no está bueno que los funcionarios policiales sean quienes estén adentro”. La diputada opinó que es necesario un cambio estructural: “No necesitás dinero, necesitas que la gente se capacite, trate bien al otro”.
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